Gobierno elabora plan jurídico para revocar a magistrados electos

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, informó ayer que el Poder Ejecutivo está trabajando en un plan, con sustento jurídico, para poner en marcha el proceso revocatorio en contra de los magistrados electos en 2011 para el Órgano Judicial, ese año los votos, para la elección de las 56 autoridades del sistema judicial, entre nulos y blancos, sumaron el 60 por ciento.

“Es un plan que tenemos (y) ya una vez que tengamos completo y definido (la estrategia) vamos a dar a conocer. Estamos viendo el revocatorio, una vez que tengamos el lineamiento jurídico vamos a dar a conocer”, declaro la Ministra.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Efrén Choque, manifestó que respetarán las decisiones que se asuman sobre este tema. “Nosotros somos respetuosos de toda la decisión que pueda tomar (el Órgano Ejecutivo), pero que sea la decisión del soberano”, afirmó.

REVOCATORIO

El parágrafo I, del Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral, indica que el revocatorio de mandato “es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano” y puede “destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el período de su mandato”.

El parágrafo II, de la misma norma, agrega que “se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

En febrero de este año, el presidente Evo Morales lanzó duras críticas al sistema judicial por retardación y corrupción, denunciadas por las mismas autoridades y otros ciudadanos, incluso se cuestionó la presencia de “ponchos y polleras” en el Órgano Judicial.

“Traté de entender por qué tiene mala imagen la justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana (…) Siento que no depende de (la) infraestructura, depende de la mentalidad de los operadores”, reprochó.

Las elecciones judiciales costaron al menos 1,7 millones de bolivianos, donde los votos nulos y blancos sumaron al 60 por ciento y los votos válidos el 40 por ciento, pero ahora el partido de Gobierno plantea hacer un referéndum sobre los operadores de la justicia en cuestión.