En marzo pasado salió del país
A poco menos de un mes de que expire la calidad de refugio provisional, otorgado por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) del Brasil, fenezca en favor del exfiscal Marcelo Soza, el Ministerio Público (MP), a través de la Cancillería del Estado, presentó una solicitud formal para que Conare niegue el refugio político a Soza de manera definitiva y este retorne a Bolivia para asumir su defensa, sobre las imputaciones por extorsión que pesan en su contra.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer, que se recurre al Conare del Brasil, con el fin de hacer conocer que el exfiscal Soza cuenta con procesos penales en su contra, que son anteriores a la solicitud de concesión de refugiado.
Guerrero dijo que junto a dicha solicitud, se adjuntan las pruebas que respalda que los procesos son anteriores a su fuga hacia ese país.
Al mismo tiempo, la autoridad explicó que el MP, de acuerdo con lo establecido por la Ley del Refugiado, solicita determinar la pérdida, de la condición de refugiado provisional, por lo cual su derecho de permanencia es de 180 días, que se cumpliría en septiembre.
También se pide que se le niegue la condición de refugiado, ya que de acuerdo con los hechos relatados en estos documentos se establece que el exfiscal, según la legislación boliviana, aparentemente habría cometido delitos comunes y no de carácter político.
El exfiscal del caso terrorismo tiene en su contra tres procesos penales y es investigado por los delitos comunes como incumplimiento de deberes, abandono de su cargo, uso indebido de influencias, extorsión y cohecho pasivo.
El exfiscal abandonó el país el 11 de marzo, no se aclaró cuál fue la ruta que utilizó para su viaje. Se dijo en esa oportunidad que primero fue a Venezuela y tomó la decisión de dirigirse al Brasil donde permanece actualmente.
ANTECEDENTES
El exfiscal Soza estuvo a cargo de la investigación del caso terrorismo I, referido a la desarticulación de un grupo acusado de separatismo en abril de 2009, luego se alejó de este proceso judicial por amenazas que recibió su familia. El 16 de abril de 2009 un operativo policial terminó en Santa Cruz con la vida del croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwyer Michael Martin, acusados de ser miembros de ese grupo.
Posteriormente, Soza fugó del país y desde el 11 de marzo goza de un refugio provisional emitido por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) del Brasil, desde donde denunció que hubo presiones en la pesquisa y que incluso se compró testigos.
Soza dejó una carta antes de irse a Brasil que fue leída por la defensa de los acusados en el caso Rózsa, en la que indica que fue víctima de presiones y por la seguridad suya y la de su familia tomó la decisión de abanadonar el país.
En la otra misiva pide reconducir el caso terrorismo, habla de los supuestos responsables de las extorsiones de las cuales es acusado y habla también del exfuncionario de gobierno Carlos Nuñez del Prado.
En la nota además hace un un informe al Conare del Brasil donde cuenta todos los antecedentes y pormenores referidos a la investigación que le tocó realizar cuando estuvo a cargo de el denominado caso terrorismo, las presiones de las que fue objeto, además hace referncia a los personajes como el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, Raúl, de estar íntimamente ligado a este caso y conocer en detgalle la presencia el Bolivia del presunto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa.
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