Empresarios y Gobierno dialogan sobre nueva norma de arbitraje

El Gobierno dialoga con los empresarios privados para una futura Ley de Conciliación y Arbitraje como guía de la política de nacionalización. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, indicó que se intercambiaron varias informaciones que aporten a la norma para que de esta forma los procesos de nacionalización no generen conflicto tanto a inversiones nacionales como a las extranjeras.

El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, dijo que la ley ya fue concluida y en las próximas semanas será derivada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

“Estamos recogiendo una serie de sugerencias, mejoras y aportes a una ley que servirá a los privados”, afirmó Arce.

La CEPB expresó su preocupación, en varias oportunidades, por las inversiones privadas nacionales y extranjeras en el país como consecuencia de las nuevas medidas legales que prevén aprobarse en la Asamblea Legislativa. Lo más importante para el sector es brindar seguridad jurídica.

LA NACIONALIZACIÓN

Como parte del proceso de nacionalización, El Estado afronta ocho procesos interpuestos por compañías extranjeras que demandan el pago de una compensación por la nacionalización de empresas.

Entre las empresas están Rurelec, PAE en el tema de hidrocarburos, Abertis (administración de aeropuertos) y el otro es de “Air BP” por la distribución de gasolina de aviación en los aeropuertos.

Los otros cuatro no tienen demandas formales de arbitraje como el de Mallku Khota que se encuentran en la fase de acercamiento y algunos con notificaciones de demandas.

La Subprocuraduría de Defensa asume la defensa legal en dos casos con notificación de controversia de las firmas Iberbolivia de Inversones SA y Red Eléctrica Internacional y dos con notificación de arbitraje de South American Silver Limited y de Air BP.

Hasta el pasado año Guaracachi America Inc. y Rurelec, Quibórax & Non Metallic Minerals, Abertis Infraestructuras y Pan American Energy (PAE) demandaban al Estado una compensación de $us 1.870 millones.

Abertis Infraestructuras SA pide $us 86 millones por la expropiación de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa); Rurelec 142 millones de dólares y Quibórax Non Metalic Minerals $us 146 millones.

En el caso de Rurelec, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó al Estado boliviano el pago de $us 31,53 millones por la nacionalización de la Empresa Eléctrica Guaracachi.