La carta clandestina

Cinco meses después de la difusión de la “Carta al Pueblo de Bolivia” que escribió el ex fiscal Marcelo Soza Álvarez tras su fuga a Brasil, el documento es aún desconocido legalmente. Soza, director durante cuatro años del mayor caso penal de la historia boliviana reciente, dijo que su vida y la de su entorno familiar corrían peligro, y aguarda la decisión brasileña sobre su pedido de refugio. En Brasilia, en una entrevista con medios bolivianos, el ex fiscal Soza dio fe de la autenticidad del documento, al principio puesto en duda por defensores de la tesis gubernamental. “Yo reconozco la carta. Yo la firmé, la presenté a la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y ésa es la carta que yo firme de puño y letra”, dijo en mayo a Página Siete y ANF. La confirmación zanjó la controversia en sus inicios, pero no consiguió que la nota sea aceptada como documento válido para el Juicio del Siglo escenificado en Santa Cruz desde hace 20 meses.

Traducida al portugués y autenticada por un notario de fe pública de Brasil, la carta carece de valor legal en Bolivia. Las perspectivas inmediatas de asignarle vida legal son exiguas y los fiscales que defienden el caso del gobierno le anteponen el adjetivo de “supuesta”. El tribunal a cargo del juicio no la reconoce como prueba (“existe, pero aún no ha sido valorada”) y concuerda con la postura de los patrocinadores opuestos a los movimientos de la defensa para incorporar la misiva, cuyo contenido apunta al corazón de la tesis que sostiene el gobierno desde hace 64 meses.

La carta más famosa de Bolivia en los últimos tiempos aguarda que la cancillería otorgue luz verde que permita conferirle valor legal, algo que los acusados ven improbable. Sostienen que hacerlo significaría confrontar la tesis oficial con la que ahora sostiene el personaje que la preparó: fue producto de manipulaciones y presiones del gobierno en un plan para controlar políticamente a una región en la que no parecía gozar de gran afecto. ¿A quién creería usted? ¿Al autor o a quienes defienden la tesis que el autor ahora niega?

Entre las razones para su escepticismo, los acusados dicen que la cancillería no remitió al tribunal los resultados de la autopsia emitidos en mayo de 2010 por la forense oficial de Irlanda, que examinó el cadáver de Michael Dwyer, uno de los tres que murieron en el episodio del Hotel Las Américas en la madrugada de 16 de abril de 2009. El informe se contrapondría al oficial del gobierno boliviano. Empero, dicen, debía haber llegado al tribunal para ilustrar a los jueces sobre cómo los peritos de Irlanda sostienen que murió su compatriota. El freno atribuido a la cancillería nunca fue explicado y es un reclamo sobre el que periódicamente se escucha en la sala de audiencias del Palacio Judicial de Santa Cruz.

La carta que legalmente no existe relata pormenores de la que Soza describe como intervención gubernamental en el caso y asegura que llegó a pedir que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García declaren ante su fiscalía para que se liberen de toda responsabilidad. “Sus ministros lo impidieron”, sostiene en el documento. Las autoridades dijeron que no comentarían la versión de “un delincuente confeso”.

Soza encabezó las investigaciones hasta un año antes de su fuga. Denis Rodas Limachi, uno de los ex abogados del gobierno presentado como testigo de la defensa, dijo que la denuncia del caso fue elaborada antes de que ocurrieran los sucesos que iban a ser denunciados. El memorial sobre preparativos de actos inespecíficos de violencia fue redactado el 30 de marzo pero activado el 14 de abril. La denuncia “no precisaba ni el hecho a investigar ni a las personas que había que investigar”, dijo Rodas Limachi, en el Ministerio de Gobierno desde 2008 y en 2010 promovido como Jefe de Sección de Asuntos Jurídicos. Estaba en la cúspide de su carrera en ese ministerio cuando fue golpeado, junto con otros de sus colegas, por denuncias de extorsión y está preso en Palmasola desde hace más de un año y medio.

La inexistencia legal de la carta de Soza es uno de los elementos peculiares del caso. Hace unas tres semanas, cuando el tribunal rechazó una acción de libertad (habeas corpus) para uno de los acusados presos desde el episodio del Hotel Las Américas (16 de abril de 2009), surgió una interpretación que configuraba una “doctrina de los años efectivos” (365 días hábiles). Se negó libertad condicional al acusado, que alegaba que estaba preso sin sentencia desde hacía más de cinco años aunque la norma dicta un máximo de 36 meses (tres años) para esa condición. Los fiscales acusadores destacaron que los 36 meses no debían incluir dilaciones supuestamente ocasionadas por el acusado, ni feriados, suspensión forzosa de sesiones y otras causas que sumadas harían que, para el acusado, el año tuviese más de 500 días o el mes más de 40.

En esa sesión estuvo como observador un diplomático de la Unión Europea.

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