[Boris Santos Gómez]

El nuevo modelo mexicano


Recientemente México reformó su arquitectura legislativa y regulatoria en hidrocarburos y energía. Y en el marco de esa política de largo plazo, está en el camino de atraer y ejecutar inversión en más de 60.000 millones de dólares anuales desde 2018, cuando la reforma energética esté en plena ejecución.

Luego de 70 años, el Gobierno mexicano modernizó sus esquemas legales para permitir el ingreso de capitales a todas las operaciones del sector hidrocarburos, tradicionalmente en manos estatales.

Fuentes oficiales estiman que la reforma permitirá a México lograr inversión sectorial en esa cifra que, a todas luces, es importante y demostraría el éxito mexicano. Mientras Venezuela ya va debiéndole a China 40.000 millones, en Bolivia nunca hemos sobrepasado los 4.000 millones/año de inversión en el sector.

La reforma permitió que hoy se diseñe nuevos modelos de contratos para que capital privado sea parte de exploración y extracción de hidrocarburos, además de servicios, producción con utilidad compartida y apoyando las tareas de la estatal petrolera mexicana.

El nuevo modelo mexicano reemplaza al “monopolio” de 76 años que la estatal Pemex y el Estado tuvieron en negocios de hidrocarburos y también sobre el sector eléctrico.

Adicionalmente se dará mayores facilidades a la empresa estatal para sus operaciones, mejorando su situación financiera, sus planes de inversión y financiamiento que generarán una producción de crudo de 2.8 millones de barriles/día para 2018.

Hoy Venezuela produce esa cantidad. Imaginen si Venezuela fuera bien administrada, tendría la posibilidad de lograr exitosos negocios que beneficien a su sociedad.

México es el décimo productor mundial de petróleo, con producción de 2.5 millones barriles/día en 2013.

Cuenta con nuevas alianzas y asociaciones entre el Estado y capitales privados para 10 mega-campos petroleros (valoradas en superar 32,300 millones de dólares), además de reformar el sistema de ductos y refino.

Bolivia en diez años aún no definió una política de largo plazo para el sector económico más importante: negocios en gas, que son los que “alimentan” y servirán de base para el desarrollo/crecimiento boliviano por los próximos cien años.

Estas reformas al sector hidrocarburos de México muestran al continente que, de manera inexcusable, se debe modernizar la armazón legal y regulatoria y permitir asociaciones entre Estado y capitales privados. Emulando esa reforma energética, Bolivia tiene la oportunidad y está en la coyuntura precisa para que con nueva mentalidad impulse una reforma energética boliviana, que se la viene proponiendo desde 2006.

La “receta” mexicana es sencilla: nuevos esquemas de pensamiento y dejar de lado nacionalismos que, al fin de cuentas, a nadie le hacen bien. Los números que atraerá la reforma energética mexicana, en suma con los proyectos y la infinidad de otros movimientos económicos que moverá la industria, son la demostración más clara de que una política de largo plazo debe ser elaborada pensando en la gente. La energía (el petróleo y el gas) es la llave de la economía de este tiempo. Y es un deber utilizarla con razonabilidad para beneficio de la sociedad.

El autor es consultor del sector privado.

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