En Caracollo piden que se respete la ley

Oruro (EL DIARIO).- El abogado defensor de los concejales de Caracollo y exautoridad judicial, Zenobio Calizaya, aseguró ayer que la justicia en ese municipio se está manejando con fines políticos, pues se hacen demandas y contrademandas sólo para incumplir resoluciones y normas vigentes.

Calizaya actualmente sigue el proceso de los concejales Jaime Magne Choqueticlla, Albertina Mejía Marza, Romaldina Tórrez y Claudio Choque, a quienes la gestión pasada les hicieron renunciar a la fuerza de sus cargos, por lo que interpusieron un amparo constitucional que dispuso sean reincorporados a sus cargos, pero algunos comunarios y sobre todo los concejales suplentes, no permiten este hecho, y continúan agrediéndolos física y verbalmente.

“Quién estuviera resistiéndose a cumplir órdenes de esta índole, está incumpliendo la ley y eso debía tomarse en cuenta y no debía manejarse desde un punto de vista unipersonal, no debe manejarse ámbitos de la justicia para afanes políticos, lo que está pasando es que más allá de la sentencia, se trata de manejar con demandas aquí y allá o denuncias al Ministerio Público, el sistema de justicia de Caracollo para fines políticos y no para cumplir lo que manda la ley”, sostuvo el jurisconsulto.

Señaló que una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional se ha notificado con lo resuelto al alcalde de Caracollo, Alejandro Rodríguez, a las partes accionadas, al Ministerio Público, al Tribunal Departamental Electoral de Oruro y a todas las autoridades pertinentes para que los concejales titulares sean restituidos en sus cargos.

“Lo único que hemos pedido y vamos a pedir es el cumplimiento de la ley y de la sentencia es todo, no se ha pedido otra cosa, los señores Albertina Mejía y los demás no están yendo a levantar puestos de nadie, ni avasallar puestos de nadie no están yendo a ejercer cargos de otras personas, sino a cumplir sus funciones”, señaló Calizaya.

En este sentido es que los concejales afectados interpusieron un proceso como dispone la ley, pero que mientras, continúan siendo amedrentados por los comunarios, a los que no hay autoridad que les pueda hacer respetar la determinación del Tribunal Constitucional ni las normas.