Amnistía general, no por favor, sino por humanidad

Los procesos electorales son la máxima expresión de la democracia, el mejor sistema de gobierno y de vida de los pueblos porque elecciones para elegir autoridades implica que existen las condiciones de concordia, armonía y paz entre los participantes, sean candidatos o electores. La democracia no puede asentarse sobre bases de complejos, odios, rencores e intereses creados que marginan a unos, diferencian radicalmente posiciones y hacen escarnio de virtudes y valores; democracia es, pues, el sustento de la libertad y de los principios y condiciones de equidad, ecuanimidad y justicia que deben reinar en un país.

El proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre en nuestro país, debe ser una experiencia que implique unidad, armonía y paz entre todos; pero, muy especialmente, en las conductas y procedimientos de quienes tienen poder político, económico y social como es el gobierno y es, seguramente que con ese ánimo que el Presidente de la República, con motivo del aniversario patrio el pasado 6 de agosto expresó: “…se acabaron los tiempos de confrontación, son tiempos de conciliación para el bien de nuestra querida Bolivia; de eso estoy convencido” y, para corroborar lo mismo y, tal vez, ser más contundente, en el mismo discurso dijo: “…mi gran deseo es que las elecciones nacionales sean una fiesta democrática, no una confrontación ni acusaciones” y expresó también que respetará al ganador de los próximos comicios.

Son propósitos que honran al Primer Mandatario; son palabras que, de una u otra manera, tratan de corregir conductas anteriores que mostraban revanchismos, complejos, división y contrariedad con todo lo que no esté de acuerdo o no sea parte del esquema gubernamental que él preside. Hubo mucho de conciliador en el discurso presidencial; pero, en todo caso, sus expresiones han sido muestra de que hay la intención de cambiar conductas, de haberse entendido que es Presidente y gobierno de toda Bolivia porque así lo determinaron los procesos electorales.

Lo expresado cae en el pueblo como una promesa que debe cumplirse y todos entendemos que debe ser norma de conducta del gobierno y que no deben repetirse situaciones de confrontación y complejos que han sido la característica de ocho años en los que buena parte del pueblo se sintió amenazado, temeroso e inseguro sobre las conductas que puedan adoptar las autoridades; un tiempo que, acorde con lo expresado por el Presidente, puede pasar, puede quedar en el recuerdo de todo lo malo transcurrido y que, finalmente, se vislumbren mejores días para el país.

Sin embargo de todo lo expresado, hay que lamentar que el Primer Mandatario haya entrado en contradicciones al expresar exclusiones con la frase: “…sólo los antiimperialistas, anticapitalistas y antineoliberales tienen derecho a festejar el aniversario de la independencia del país”. El aniversario patrio, como toda Bolivia, es propiedad y derecho de todos los bolivianos piensen o sientan lo que sea, tengan la posición política, social, económica o cultural que sea mientras no vulneren con ello la Constitución y las leyes y no atenten contra nada ni contra nadie ni excluyan la institucionalidad en su vida, sea que sean habitantes del país o residentes bolivianos en otros países. Nadie, por poder que tenga, puede negar o quitar derechos a los bolivianos tan sólo porque piensen en forma distinta al Primer Mandatario, a su partido y a quienes lo apoyan.

Hay que convenir, sin embargo, que el mensaje presidencial tuvo mucho de ser electoralista; es decir, medio para convencer al pueblo que él es el candidato y que sus intenciones son una especie de abrigo o escudo para enfrentar el proceso electoral con dedicación y seguridad de ganarlo. El Presidente, con todo el respeto que merece, comprende seguramente que la condición de Presidente no le da derecho alguno para negar derechos a los bolivianos, estén en el país o fuera de él y, para ello mismo, si hay conciencia y respeto por lo que son y deben ser las elecciones, existe el deber de dictar una amnistía general sin exclusiones de ninguna clase, porque todos los políticos, dirigentes, cívicos y empresarios contrarios al régimen, estén en el país o fuera de él, tienen derechos consagrados.

Dictar una amnistía general es cumplir con la frase “se acabaron los tiempos de confrontación, son tiempos de conciliación para el bien de nuestra querida Bolivia”. Si esto no es así en los hechos y no está reflejado en una amnistía general, querrá decir que todo fue demagogia, populismo o publicidad electoralista; y eso, es increíble hasta para el más escéptico de los bolivianos.

Es importante que se comprenda que una amnistía general no es dádiva ni favor de nadie; es un deber y obligación cuando se tiene poder político y social, cuando se comprende que el país es de todos porque todos están mancomunados con la moralidad que es base de virtudes y valores y es, además, sinónimo de probidad, rectitud, integridad, honradez y conciencia que se traducen en caridad con el propio país.

Confiados, pues, en la palabra presidencial hay que esperar que el espíritu conciliador que busca armonía, concordia, unidad y paz entre todos los bolivianos, sea una realidad, pero una realidad a ser vivida plenamente sin tapujos ni condiciones que no sean solamente el cumplimiento de la Constitución y las leyes, porque conviene no olvidar que sin plena libertad política no hay democracia ni elecciones imparciales.