Familiares en décimo día de ayuno

Autoridades de justicia militar afrontan querellas penales



Al centro, acompañada por otros familiares, Roberta Leniz, de 67 años, mantiene su huelga de hambre pijchando hojas de coca.

El vocal relator del Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM), Walter Mendieta y el juez sumariante, Marcelo Orellana, afrontan querella penal por resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes, informó César Rojas, abogado del suboficial Jhonny Gil Leniz.

MADRE

A raíz de las detenciones, familiares de los suboficiales Johnny Gil, Freddy Sucojayo y Franklin Colque, pasaron el décimo día de huelga de hambre en la plaza Abaroa de la zona de Sopocachi, frente al Ministerio de Defensa.

Roberta Leniz viuda de Gil, a sus 67 años, advirtió a las autoridades militares que ella mantendría la medida a costa de su vida y que lo siguiente será la crucifixión, "Estoy débil, mascando mi coca nomás, pero voy a seguir hasta que me den justicia y mi hijo esté libre" declaró.

Junto a los familiares de los tres suboficiales, agradeció el apoyo de la población, que además de dar sus firmas por la libertad de los suboficiales, les han llevado víveres y expresado su total apoyo.

QUERELLAS

Rojas explicó que estos procesos fueron abiertos luego que Orellana, dictara la aprehensión del suboficial Gil, el 15 de mayo, sin fundamentar la resolución 005/2014, objeto de siete apelaciones ante jueces de garantía constitucional, que han ordenado cesar la detención preventiva del militar, pues los riesgos procesales han sido desvirtuados.

La otra querella, se basa en la resolución 002/2014, emitida por el vocal relator del TPJM capitán Walter Mendieta, documento que según Rojas, "es la prueba de su delito" ya que el vocal relator, no tiene la atribución para dictar medidas cautelares.

APDHB

Ayer, Yolanda Herrera, presidenta nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), lamentó que las autoridades militares no estén respetando los derechos de las personas y asuman acciones penales contra quienes buscaron la adecuación de su norma interna a la Nueva Constitución del Estado (CPE).

 
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