Feminicidios al por mayor

La justicia boliviana atraviesa por un momento de notable desconcierto y como tal vez nunca ocurrió en su historia. Se trata de que cuando más leyes dicta el Gobierno, cuando más medidas de seguridad anuncia la policía, cuando más propaganda se hace contra el crimen, cuando más se pregona que debe haber la seguridad ciudadana y otras medidas parecidas, más crímenes se producen, más violaciones a la ley ocurren cada día, menos se cumplen las determinaciones legales que son dictadas.

El caso más dramático es la ley que se refiere a evitar la violencia contra las mujeres y castigar los feminicidios, disposición legal que cuando se pensaba que pondría fin a ese problema, más bien ha determinado que esa clase de crímenes se propague en forma tan alarmante que ha llegado a producir el asombro y la protesta de toda la sociedad boliviana, sin distinción de clases sociales ni colores políticos.

El hecho de que sólo en los primeros meses del año que transcurre se hayan producido tres crímenes al día, como promedio, contra las mujeres, querría decir que entre la población boliviana se está produciendo una imitación absoluta a la ola de feminicidios que se estuvo produciendo en Tamaulipas, México, hace algún tiempo, donde el promedio de asesinatos llegó a niveles similares a los que se registraron en Bolivia durante este año.

Los datos numéricos que ofrece el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) son verdaderamente preocupantes, pues señalan que de 98 atentados contra el sexo débil, más de dos tercios terminaron con asesinatos que no pueden tener calificativo en ningún medio de comunicación. Las referencias no sólo son dignas de asombro por la cantidad sino por la extrema forma en que se produjeron y que causaron repudio unánime de la opinión pública.

Es más, las informaciones de Cidem agregan que del total de los actos de violencia contra las mujeres, 59 terminaron en crímenes casi inexplicables. Así mismo, se afirma que de las mujeres que mueren a manos de la pareja, 21 casos se registraron en Cochabamba, 16 en La Paz, 8 en Santa Cruz, 6 en Oruro, 4 en Potosí y 3 en Chuquisaca, relación que permite concluir que la cantidad de feminicidios podría ser proporcional al grado de crisis económica que se registra en cada uno de esos distritos.

Pero, pese a la existencia de una ley especial, adquisición de vehículos para organismos policiales, instalación de aparatos de control, campañas de propaganda y otros muchos recursos, los feminicidios se siguen produciendo y existe tendencia a que aumenten. Tales aspectos revelan que las buenas intenciones de las autoridades terminaron en cero y que los esfuerzos, “cumbres”, seminarios, cambios de jefes policiales, amenazas de todo tipo, etc., han caído en bolsa rota y, todavía más, no hay esperanza de que acabe este estado de cosas de reciente aparición.

En todo caso, lo que se debe señalar es que mientras el Gobierno dicta más medidas contra la inseguridad social, recibe menos atención de parte de la población y hasta va en contra las leyes recién promulgadas, tales los casos de la lucha contra la corrupción, el combate contra el racismo y la discriminación, la defensa de los menores de edad, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de la ley, etc.

El hecho de que cuando más leyes se promulga contra la delincuencia surjan más delitos es digno de la atención de los gobernantes, sociólogos, analistas, jurisconsultos, investigadores y políticos, de tal forma que se pueda llegar al fondo del problema, no quedarse en recetas superficiales y proponer parches y remiendos ineficaces. Asimismo, será necesario descubrir por qué causas las disposiciones del Gobierno son inútiles y más bien están produciendo resultados contrarios a los que esperaba.