Informe revela pésimas condiciones en cárceles

La deficiente cobertura de salud sumada a la mala infraestructura y el hacinamiento revelan las pésimas condiciones de las cárceles bolivianas según el informe de la Red de Comunicación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que fue reproducida por el Defensor del Pueblo que está adscrita a esta institución.

El informe es parte de una evaluación sobre la situación de los recintos penitenciarios y de las y los privados de libertad en países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Paraguay, Panamá, Puerto Rico y Nicaragua, refirió el Defensor Rolando Villena, al señala que este reporte “provoca alarma y lleva a ratificar la urgente necesidad de asumir acciones para revertir la crisis de los sistemas penitenciarios que se enfrenta”.

El informe en cuestión recoge las verificaciones y monitoreo que realizaron las Defensorías del Pueblo o instituciones nacionales de derechos humanos en esos países y muestra que Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Panamá registran los más altos niveles de hacinamiento frente a Colombia, Brasil y Costa Rica que reportan niveles de entre 36 y 60 % de hacinamiento. Puerto Rico, según reporta la Oficina del Procurador del Ciudadano, es el único país que no tiene este problema.

En relación a Bolivia, el hacinamiento se encuentra alrededor del 202 por ciento, pues la cantidad de detenidos y detenidas alcanza a 14.770 cuando la infraestructura carcelaria está diseñada para 4.884. Lo propio en Nicaragua, existen 10.378 privados de libertad cuando el espacio disponible es para 4.605, lo que significa un 125 por ciento de sobre población.

A esta situación se suma la deficiente o inexistente atención médica y mala infraestructura carcelaria. En Bolivia, esta situación es un indicador permanente de vulneración de derechos humanos al no existir la suficiente cantidad de médicos u otro personal especializado. En el caso de las cárceles de mujeres, cuentan con un solo ginecólogo para todas las reclusas, un médico externo o personal de enfermería.

Otra preocupación es el aumento de adolescentes privados de libertad, lo cual califica de “angustiante”. Estos se encuentran detenidos por delitos como robo, hurto, homicidios, violación. La edad de los infractores oscila entre los 12 y 17 años. Algunos países como Bolivia y Brasil donde no existen centros especializados para ellos o no son suficientes, son recluidos junto a adultos privados de libertad, excepto en Nicaragua que los ubican en celdas separadas; y en los países donde existen espacios destinados a las y los menores de edad, enfrentan problemas de hacinamiento como en Costa Rica y Panamá.

Entre las recomendaciones están referidas al fortalecimiento y mejoras en el tema salud, alimentación y asistencia jurídica, programas para revertir la crisis penitenciaria que implica lograr un efectiva reinserción social o mejoras en la infraestructura carcelaria.