Según representantes ediles de Oruro
Oruro (EL DIARIO).- Los concejales decidieron liberarse de los chantajes de la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel, después de cuatro años de constantes reclamos para la designación de funcionarios, especialmente asesores técnicos y legales, y la asignación de recursos económicos.
A partir de la fecha, “se evitará que la alcaldesa pueda chantajear la designación de algún personal” para el Concejo Municipal, afirmó el presidente de esa institución, Germán Delgado.
La declaración fue emitida, a propósito de la aprobación de la Resolución Ministerial 726, que dispone la aprobación de la separación administrativa de órganos (legislativo y ejecutivo) de los gobiernos municipales y la clasificación institucional de las empresas y entidades municipales.
Según el artículo 4 de esa resolución, dispone la obligatoriedad de esta separación para los municipios, en base a la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
El concejal Rodolfo Uyuni explicó que, efectivamente, hubo chantajes de parte de la autoridad municipal, para la designación de “sus funcionarios, sus amigos, para que vengan al Concejo, con el claro objetivo de controlar a los concejales de todo lo que dicen y hagan en esta institución”.
Dijo que no se mantenía la independencia ni la libertad para tomar decisiones, porque la alcaldesa “incluso enviaba a sus allegados, en calidad de abogados, para que supuestamente orienten a los concejales, en torno a diferentes problemas que tenía el Concejo y donde también habían intereses de la alcaldesa”.
La Resolución Ministerial 726 fue emitida el 5 de agosto pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tomando en cuenta la Ley 482, que dispone que los gobiernos autónomos municipales con más de 50 mil habitantes, ejercerán obligatoriamente la separación administrativa de órganos, del legislativo y ejecutivo.
El presidente del Concejo Municipal, Germán Delgado, dijo que en base a ese instrumento legal, los concejales “designarán a sus funcionarios de confianza, para trabajar con plena libertad en diferentes actividades, empezando por la designación de un jefe administrativo, que pueda manejar los recursos económicos”.
Tampoco se esperará que la Alcaldesa pueda aprobar los contratos o licitaciones de algunos servicios que requiera el Concejo Municipal.
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