La renta efectiva de los hidrocarburos

El actual proceso electoral se prestó para que Evo Morales, que se postula para un ilegal tercer mandato presidencial, desencadene una ruidosa y millonaria campaña publicitaria sobre la renta que percibiría el Estado por el gas/petróleo y su distribución interna.

El candidato opositor Samuel Doria Medina planteó que si es elegido Presidente, la renta compartiría en partes iguales entre el Estado y las empresas: 50-50. Su propósito sería estimular a que las empresas intensifiquen el aumento de la producción, a través de mayores esfuerzos inversores y exploratorios.

Empero, Doria Medina no dio a conocer el estudio que debió realizar para, eventualmente, poner en práctica su iniciativa. Lo apropiado era que, junto con su planteamiento, o por lo menos en el lapso de las 24 horas siguientes, lo hiciera.

Así, Morales tuvo el campo despejado para sostener que el Estado percibe el 87% de la renta del gas natural y las empresas el 13%. Su intención es electoral. Impactar intereses y sentimientos, al decir que la aplicación del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) se reduciría a la mitad.

Esto les afectaría a los sectores que participan por este concepto del 32% de la renta del gas/petróleo: municipios, gobernaciones, Fondo Indígena, Policía y universidades estatales.

En consideración a que se trata de un asunto del mayor interés público, el Ing. Mauricio Medinaceli, uno de los mayores expertos que tiene Bolivia en hidrocarburos, ex Ministro del sector y al presente Consultor internacional, realizó un exhaustivo estudio, titulado “Participación del Estado en la Renta Petrolera: Antes y después de la Nacionalización en Bolivia”.

Del análisis y cálculos matemáticos realizados sobre el estudio de Medinaceli, puede establecerse que, en realidad, el ingreso promedio gira en torno al 62%. Surge éste del 71,1% producido por los campos grandes, cuya carga impositiva giraría en el 67% (regalías, IDH y nacionalización), y el saldo por campos chicos, 51%.

Sin embargo, el concepto clave es determinar lo que se entiende por renta. La teoría dice que la renta es el resultado del precio menos los costos, o sea la utilidad operativa. En la manipulación de este concepto radica el error o el engaño del Gobierno. Usa, por un lado, renta como ingresos totales y, por el otro, renta como utilidad. Si es como ingreso total, el porcentaje recibido por el Estado sería lo indicado, aproximadamente el 62%. Pero, si es sobre utilidades (uso ortodoxo del concepto), alcanzaría al 77%.

¿Por qué Morales/MAS manipulan el concepto renta? Por dos razones: en su campaña electoral de 2005 y luego durante su gobierno, se comprometieron a que las regalías serían del 82%. Incurrieron, empero, en grave confusión.

Su cálculo partía de que, al 18% de regalías sumarían el 32% del IDH y le aumentarían el 32% de un nuevo cobro a las empresas petroleras, para llegar al 82%. Este monto se pagaba ya por regalías antes de la “nacionalización”. La ley de Gonzalo Sánchez de Lozada mantenía el 82% de regalías para campos antiguos y establecía el 18% de para campos nuevos; además, creaba nuevos impuestos sobre utilidades. Esto se debió a que en ese tiempo los precios internacionales de los hidrocarburos eran muy bajos y el país tenía la urgencia de empezar a vender gas natural a Brasil.

El problema es que las regalías son un impuesto ciego, que se aplica en bruto (sin descontar costos); en concreto, sobre los ingresos totales. El IDH se aplica de igual forma. Por tanto, si regía el 82% de regalías que reclamaba Morales y se incluía por lo menos el 20% de costos, se superaba el valor del producto.

Claramente, antes de la Ley de Sánchez de Lozada se podía hablar del 82% de regalías, porque el único explotador era estatal (YPFB). En cambio, a las empresas privadas no se les puede imponer que operen a pérdida.

¿Dónde queda la inconsistencia del oficialismo? En que la única forma de volver a aplicar el 82% que exigía era expulsando a las petroleras privadas, lo que no se animó a hacer. Esa hubiera sido una verdadera nacionalización. Al no haber ocurrido ello, el uso de esta expresión es engañoso, tramposo. O sea, el régimen vigente enmascara su promesa incumplida del 82% de regalías al referirse ahora a la “renta”.

La otra razón por la que confunde ingreso con renta (utilidad) es para tratar de hacer ver que lo que plantea Doria Medina es inadmisible, al acusarlo de pretender reducir al 50% todos los ingresos, cuando él sólo plantea compartir la utilidad (renta).

Es necesario precisar que el ingreso implica a todos los hidrocarburos (gas y petróleo), por eso es renta petrolera. En consecuencia, la renta proviene de las exportaciones y la comercialización interna, en especial gasolina. No debe perderse de vista que a lo anterior se suma el régimen impositivo, que tiene que pagar el consumidor, por medio del IVA y del impuesto complementario a los hidrocarburos.

Al margen de estos detalles, lo que queda en claro es que la descomunal campaña publicitaria que efectúa Morales, acerca de este tema, constituye una manipulación sobre datos que son falsos, con afán exclusivamente electoral. Peor todavía, realiza una campaña a favor de su candidatura anticipada, incurriendo en ilegalidad, aparte de incidir en una patética carencia de principios éticos, en lo personal y en lo político.

El TSE (Tribunal Supremo Electoral) anunció que no permitirá spots de contenido electoral, porque en teoría la campaña proselitista empieza el 12 de septiembre, faltando apenas 30 días para la emisión del voto ciudadano. Pese a ello, el oficialismo persiste en la campaña electoral, directa y camuflada (subliminal). Esta última, con spots de todos los ministerios y organismos fiscales, como dando a entender que los bolivianos son tan inadvertidos que pueden tragarse sapos sin percatarse.

Entonces, ¿cómo puede convalidarse y ser democrático este proceso electoral tan desigual, donde los opositores son silenciados y Morales emplea discrecionalmente dineros y bienes públicos, en su campaña electoral?

Además, se jacta de generar una presunta bonanza, cuando por la nacionalización de los hidrocarburos es el Estado el que invierte en YPFB, con magros resultados; hasta ahora, supuestamente con 3 TCF. Antes, la inversión, exploración y explotación era responsabilidad de las privadas. Del gas que ellas produjeron, el régimen derrocha ahora su ingreso, si acaso no es su propio sostén.