Fiscalía dice que el dictamen no es vinculante:
El Vicepresidente y la Fiscalía General conformaron un frente oficial para desconocer la decisión de la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y que favorece a la empresa Jindal Steel & Power. Aquella habló de sanciones comerciales contra el país ante un eventual incumplimiento.
El vicepresidente Álvaro García Linera informó este martes que el Gobierno recusará la decisión de la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, que favoreció con un fallo a la empresa india Jindal Steel & Power (JSP), dentro del proceso por la ejecución de las boletas de garantía de $us 18 millones de su filial Jindal Steel Bolivia (JSB).
Este lunes se conoció a través del abogado de la Jindal Steel Bolivia, Jorge Valda, que la ICC emitió un falló el pasado 6 de agosto que obliga al Estado a pagar $us 22,5 millones a JSP, cuyo plazo vence dentro de los 10 días posteriores a la notificación de esta decisión al Gobierno.
APELACIÓN
“Evidentemente vamos a recusar esa decisión y vamos a apelar a los tribunales que corresponda para defender los intereses del Estado boliviano”, dio a conocer García Linera en una rueda de prensa realizada en Santa Cruz.
Según Valda -hasta el momento- no se notificó al Estado boliviano con este fallo emitido por la ICC. Anticipó que podría haber sanciones comerciales con países europeos, en caso de que el Gobierno incumpla con este pago.
El ministro de Economía, Luis Arce, aclaró que hasta este lunes no había llegado a su despacho ningún requerimiento de recursos adicionales para el pago de la indemnización a la empresa Jindal.
ANTECEDENTES
El 18 de julio del 2007, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la india Jindal firmaron un contrato de riesgo compartido para explotar el 50% del yacimiento de hierro, el primer compromiso de inversión era de $us 600 millones para los dos primeros años y de $us 1.500 millones hasta el quinto y otros $us 600 millones hasta el séptimo año.
En abril de 2010, el Gobierno decidió ejecutar las boletas de garantía de la Jindal Steel Bolivia a raíz de la falta de la inversión comprometida y la renovación de la garantía. Por esta razón, la empresa hindú inició una demanda arbitral contra el Estado ante la ICC.
FISCALÍA
El Ministerio Público inició un proceso en contra de los ejecutivos de la Jindal Steel Bolivia por incumplimiento de contrato en el caso del proyecto siderúrgico del Mutún que fue suscrito con el Estado boliviano en 2007. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, mencionó este martes que el fallo emitido por la ICC no es vinculante, pero es un elemento de investigación dentro del proceso.
“Ese fallo no es vinculante, no es de carácter obligatorio. Pero dentro de esa investigación que es amplía se puede tomar en cuenta diferentes elementos de investigación”, sostuvo.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Guerrero al insistir que el fallo no es vinculante consideró empero que aporta elementos que seguramente van a ir arrojando algunas responsabilidades de algunos servidores que en algún momento ha tenido responsabilidad”, afirmó.
PROCESOS
Por otro lado, respecto a los procesos que sigue el Ministerio Público a cinco exejecutivos de la empresa indú por incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros en el caso del proyecto siderúrgico del Mutún, estos siguen su curso. Guerrero dijo que fue conformada una comisión de fiscales para tramitar el proceso.
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