¿Hay nacionalización e industrialización?

Recientes declaraciones de altas autoridades nacionales han puesto en duda la insistente afirmación oficial en sentido de que el Gobierno actual nacionalizó los recursos petroleros y gasíferos del país y que esa y no otra, sería la causa de la bonanza económica por la que atraviesa en este momento el Estado.

Afirmaciones de algunos políticos aseguran que la verdadera nacionalización de los hidrocarburos se produjo durante el gobierno del presidente Carlos Mesa, cuando el Congreso sancionó una ley que no fue aprobada por el primer mandatario, que se ausentó del país para no promulgarla, sino por el entonces presidente del Senado, Hormando Vaca Diez. Se afirma, al mismo tiempo, que el decreto de “nacionalización” dictado por el Gobierno de Evo Morales, no tuvo los alcances de la ley antes señalada y que se limitó a ratificar la referida disposición legal, por la cual ahora está gozando de amplios beneficios financieros.

A esas dudas se suman otras que requieren la debida explicación y algunas preguntas serían las siguientes: ¿En realidad los hidrocarburos fueron nacionalizados o estatizados? Al respecto, por uso correcto de términos económicos se afirma que no hubo nacionalización de dichos recursos naturales, porque ese concepto significa pasar la propiedad privada a propiedad de la Nación, lo que no sucedió porque, en primer lugar, Bolivia ya no es una Nación, y en segundo lugar porque los hidrocarburos no pasaron a propiedad de la Nación, sino a propiedad del Estado, que son conceptos absolutamente diferentes.

En efecto, nacionalización es pasar la propiedad de manos privadas a propiedad de todo el pueblo que conforma la nación, y esta propiedad es inalienable e imprescriptible, mientras estatización es pasar la propiedad privada a dominio del Estado, propiedad que es enajenable y puede prescribir. Aplicando esa fórmula a la nacionalización de los hidrocarburos, se puede decir que el Gobierno actual no nacionalizó los recursos hidrocarburíferos, sino se limitó a estatizarlos mediante adquisición con altos costos y para que constituya propiedad estatal.

Esos aspectos deberían ser aclarados por las autoridades y hacen bien los partidos políticos que no están en el poder en poner ese asunto en debate, de tal forma que se aclare los conceptos y se sepa realmente en qué consistió el traspaso de ciertos recursos naturales de manos privadas a manos del Estado y, así mismo, se proceda a darles el uso adecuado.

Otro aspecto en duda es si la instalación de dos grandes plantas de separación de líquidos, por cerca de mil millones de dólares en Río Grande y el Chaco, significa una verdadera industrialización de los hidrocarburos.

Al respecto, según el Presidente de YPFB dichas dos plantas no significan industrialización, sino simplemente un procedimiento físico. “No es industrialización (del gas)”, afirmó enfáticamente dicha autoridad. De manera específica aseguró que la separadora de líquidos Gran Chaco no ingresa a la categoría de industrialización. “Es simplemente eso: una separadora”, aunque agregó que es un paso para dar valor agregado a ese energético. Tales aspectos nebulosos deben dejar de ser objeto de dudosa propaganda oficial.

¿En qué quedamos?