Contrabando de autos usados, ¿hasta cuándo?

El contrabando de autos usados se ha convertido en una especie de vergüenza nacional, especialmente cuando consta a la población, desde hace varias décadas, que las promesas de las autoridades no se cumplen y el delito de internar automotores al país por las vías del contrabando, se hace una especie de “costumbre institucionalizada”.

Las mismas palabras, los mismos argumentos, idénticas promesas y reiterados propósitos para terminar con el contrabando por parte de las autoridades que, sin rubor alguno, reiteran cien y mil veces que “ceñirán sus actos a las leyes para desterrar el contrabando”. ¿Para qué tanta alharaca cuando se tiene el propósito -y hasta la consigna- de no cumplir?

Cobrar derechos aduaneros e impuestos por parte de la Renta y Alcaldías parece que son los propósitos de funcionarios que, según parece, viven para eso y permiten el ingreso de lo que hace tanto daño al país. En décadas pasadas, cuando los ingresos nacionales estaban restringidos, los funcionarios tenían el pretexto de “cobrar dineros por derechos e impuestos para solventar gastos”. Hoy, ¿qué les preocupa? ¿Siguen las necesidades de permitir lo ilegal para contar con dinero, cuando hay suficiente?

“Esta es la última vez”, frase manida de todos los gobiernos; sin embargo, pasan pocos meses y el contrabando continúa. “Se decomisará lo ilegalmente introducido al país” y, casi de inmediato, se encuentra unidades ilegales sin misericordia alguna y a vista y paciencia, en fronteras y aduanas, de funcionarios que “dejan hacer y dejan pasar”.

Entretanto, los automotores ingresados por el contrabando hacen la vida imposible a las ciudades que se ven invadidas por buses medianos, minibuses, taxis y otros que, por ser “transformers”, dan trabajo a mucha gente y, como pagan derechos e impuestos, han adquirido tantos o más derechos que las unidades importadas legalmente. Así, se conforma hasta una “entidad legal” para “defender los derechos de los contrabandistas”; en otras palabras, se institucionaliza todo lo que la legalidad prohíbe, evita, rechaza y califica como delito, como atentado a la Constitución, las leyes y la moral colectiva.

¿Hasta cuándo se sufrirá la vergüenza que se siente por causa del contrabando? ¿Hasta dónde llegarán los perjuicios ocasionados por tantos vehículos que perjudican a las ciudades, lastiman la moral pública, causan daños increíbles al Estado y, además, aunque no se crea, desprestigian al Gobierno y le hacen perder confianza y credibilidad no sólo en lo interno sino en lo internacional?

El Gobierno, por propia moral y responsabilidad, tendría que tomar medidas contra todos los que introdujeron y compraron automotores por efecto del contrabando; de otro modo, querrá decir que hay apoyo para institucionalizar lo que causa pavor y vergüenza en el país.