De la confrontación a la reconciliación

En el discurso informe que pronunció el presidente Evo Morales el 6 de agosto en la ciudad de Sucre, en medio de las tediosas cifras -dificultosamente leídas- expresó que: “Pasó el tiempo de la confrontación y comienza el de la reconciliación”. Esta idea fuerza tendría más efecto en el inicio de una nueva gestión de gobierno, que al concluir otra, más aún cuando las dos anteriores estuvieron marcadas por una permanente política de gobierno de la persecución, anulación y liquidación política de todo atisbo de oposición o crítica a la gestión y medidas y actos de gobierno del Movimiento Al Socialismo.

La confrontación importa cotejar, comparar una cosa con otra, en política una ideología o programa con otro y eso debería hacer el votante el próximo 12 de octubre, antes de emitir su voto, reflexionar sobre lo que han sido casi nueve años de gobierno del régimen del socialismo comunitario, cargado de posturas anti neoliberales, anti imperialistas, anti norteamericanas, anti k´aras, anti pasado histórico, anti república de Bolivia, etc.

En esos años de gobierno hubo ejecución de obras elefantiásicas e inversiones multimillonarias, como el teleférico en la sede de gobierno (más de 200 millones de dólares); el satélite (más de 300 millones de dólares); transferencia de recursos públicos del Banco Central a empresas estatales (más de 3.000 millones de dólares); el reparto generoso de recursos frescos a los gobiernos municipales grandes y pequeños sin resultados ni controles fiscales correspondientes, así como viajes oficiales permanentes o casi diarios de los primeros gobernantes (Presidente y Vicepresidente); adquisiciones de aviones, helicópteros y vehículos para uso de los gobernantes; entrega de recursos públicos a entidades privadas, como sindicatos, cooperativas mineras, organizaciones corporativas (en recursos, inmuebles y vehículos, o alguna planta procesadora, etc.), cuando las disposiciones de control fiscal y administración de recursos públicos lo prohíben, salvo ley expresa del Órgano Legislativo).

La Nación boliviana fue dividida en 36 naciones indígenas originarias; fue promulgada una Constitución Política a la medida del régimen; hubo aumento del empleo público (casi triplicado del anterior gobierno); construcción de escenarios deportivos y canchas de césped sintético; economía dependiente de la extracción de recursos naturales (gas y minerales); desinstitucionalización del Estado, etc.

Por otro lado, fue notorio el empoderamiento de grupos indigenistas de corte izquierdista y de sindicatos afines al gobierno y en general de una política monetarista que puso en el mercado importantes recursos financieros para su circulación, fruto de los altos precios de minerales y gas de petróleo.

No debemos olvidar algunas políticas reivindicativas de sectores populares, pero luego éstos abandonaron sus labores agrícolas y se volcaron al contrabando y otras actividades lucrativas. Sin embargo, muchos logros en un equilibrio social entre las clases sociales y los grupos, dejándose de lado la exclusión de los indígenas, y otras políticas beneficiosas en lo social y económico (mayores ingresos de la renta petrolera por impuestos y regalías, etc.)

La reconciliación con cerca del 40% de la población que no votó por el MAS (seguramente ahora habrá crecido por el desgaste del régimen), resulta una propuesta importante pero carente de sinceridad, pues sigue la persecución política judicial, un millar de compatriotas siguen viviendo en el exilio y se efectuarán elecciones sin una amnistía plena.

Los discursos políticos de campaña electoral permanente, descalificando a los opositores con adjetivos como vende patrias, derechistas, neoliberales y otros, no son un signo de voluntad de conciliación, por el contrario, la política del odio y persecución a los enemigos sigue vigente. Si bien es cierto que el régimen por su afán reelectoralista ha incorporado a sus listas de candidatos y asambleístas a algunos individuos de clase media (k´aras blancoides), para atraer el voto de esta clase, esta actitud es sólo de oportunidad electoral, pues seguirán siendo los llamados movimientos sociales los que determinarán o en cuyo nombre se adjunten las políticas de gobierno en todo orden. Las clases medias que no están afiliadas a las organizaciones sociales seguirán siendo excluidas del poder y sus beneficios.