Defensoría pedirá informe a FFAA por operativos de inteligencia

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció que se pedirá un informe escrito a las Fuerzas Armadas (FFAA) en relación a supuestos operativos ejecutados por el Departamento II, de los cuales son víctimas suboficiales y familiares, que denuncian la intervención de sus llamadas y el uso de la imagen en medios de comunicación, revelado tras la captura y posterior liberación del exsuboficial Richard Mayta.

“Vienen y nos amedrentan, es psicológico, nos han tachado de delincuentes, tememos por nuestras vidas”, declaró una de sus familiares que asegura haber identificado a militares que los vigilan y por seguridad prefieren no identificarse.

Los familiares corroboraron el acoso identificando a militares vestidos de civil que “con descaro” las fotografían.

Ante este panorama, la madre del suboficial Jhonny Gil, Roberta Leniz, en huelga por más de 16 días, presentó complicaciones en sus riñones, presión alta y se prevé que hoy en horas de la mañana sea evacuada a un centro médico.

La mujer de 67 años instaló el piquete de huelga de hambre el 13 de agosto en la plaza Abaroa frente al Ministerio de Defensa exigiendo al Tribunal Supremo de Justicia Militar, liberen a su hijo, detenido hace tres meses de forma irregular.

Freddy Sucojayo, Franklin Colque y Jhonny Gil Leniz fueron los voceros de cientos de suboficiales y sargentos que en el mes de abril se movilizaron pidiendo la adecuación de la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA) a la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) y ahora son acusados de sedición y rebelión.

Familiares del exsuboficial Richard Mayta denunciaron el jueves que este fue llevado “por la fuerza” a declarar a una audiencia informativa, luego que 20 efectivos de inteligencia montaran un operativo, implicando a un canal de televisión, algunos de ellos disfrazados de lustrabotas, canillitas y personal de limpieza.

DEFENSOR

“La LOFA (…) no contempla este tipo de operativos, entonces, vienen a ser despropósitos de gente que está en el afán de dar un mensaje muy peligroso sobre el uso del poder: intimidar a aquellos que de manera legítima han dado a conocer su pedido para que se descolonice las FFAA. Pedir eso, no podría ser ni es un delito”, afirmó Villena, en entrevista con EL DIARIO.

El jurista Roger Valverde señaló que si bien se establecen ciertos mecanismos para la investigación de delitos, la CPE, que está por sobre todas las leyes del país, aun sobre las “especiales”, prohíbe estos excesos.

Paola Barriga, abogada, detalló que el desvío de llamadas y la toma de fotografías no constituyen prueba si estas no han sido obtenidas cumpliendo el procedimiento legal.

Al respecto el asambleísta departamental, Roberto de la Cruz, denunció que sus llamadas también fueron intervenidas y advirtió con medias de protesta en apoyo a los suboficiales detenidos en dependencias militares.