Ampliación de la frontera agrícola, un cuento chino

En un discurso que el Presidente del Estado pronunció en un encuentro de economistas, dijo que para el año 2025 el Gobierno planea tener en cultivo 10 millones de hectáreas, con facilidades de riego, mecanización, fertilizantes y otros. El proyecto permitiría que Bolivia se convierta en exportador de alimentos.

La optimista información significaría que el área cultivada en el país pase de unos dos y medio millones de hectáreas a diez millones, lo que haría posible un aumento de la superficie cultivada en por lo menos tres veces, dato que sería muy positivo para el país.

Tan halagadora idea tendría, sin embargo, dos dificultades inmediatas: la primera la creciente reducción de las áreas de cultivo en el altiplano y los valles interandinos, en especial de La Paz y Cochabamba, así como en los yungas de esos dos departamentos, y la segunda la legislación agraria vigente que desalienta a los agricultores y ha causado la ruina de cientos de campesinos propietarios de pequeñas parcelas, quienes se vieron obligados a migrar a las ciudades, aparte de otros numerosos efectos de esa situación.

La desacertada y obsoleta política agraria que rige actualmente en el país ha causado en los últimos diez años el abandono de la actividad agrícola en las zonas andina e interandina, de alrededor de 200.000 trabajadores campesinos que han migrado a las ciudades. Esa actitud determinó, a la vez, el abandono de alrededor de 300.000 hectáreas de campos cultivables, referencias numéricas que revelan la causa de la caída de la producción agropecuaria y la necesidad de acudir a las importaciones de numerosos alimentos.

La causa del abandono de la tierra por parte de los indígenas-campesinos se debe a la actual Constitución y la legislación agraria, en particular la Ley INRA que fue proyectada por el Banco Mundial, promulgada por Víctor Hugo Cárdenas y puesta en aplicación por el actual Gobierno. Esas disposiciones determinaron que el pueblo carezca de alimentos propios y se vea obligado a importarlos por valor total aproximado de mil millones de dólares al año. El efecto directo de esas disposiciones legales ha causado el abandono de la tierra y la migración a las ciudades, al extremo de que ahora la población rural se ha reducido del 70 al 30 por ciento, mientras la urbana aumentó del 30 al 70 por ciento, según datos de últimos censos.

En ese contexto, la oferta del presidente Evo Morales de pasar de dos millones y medio a diez millones de hectáreas cultivadas, peca de exceso de optimismo, pues, en los últimos ocho años, la superficie cultivada apenas aumentó en diez por ciento, excepto en lo que se refiere a la hoja de coca y la tendencia continúa en la misma dirección. Así, si no se modifica la legislación agraria vigente, será imposible hacer crecer la frontera agrícola ni aumentar la productividad de las áreas cultivadas.

Pero, en el mejor de los casos, lo positivo sería crear las condiciones para que los 200 mil campesinos que abandonaron sus parcelas y migraron a las ciudades vuelvan a sus tierras y las cultiven como antes, lo cual permitiría retornar a los índices de producción anteriores a la actual crisis originada en la “Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria” corregida y aumentada por el gobierno actual con base en la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada.

En años recientes han sido dictadas numerosas medidas y dispuesto una serie de ayudas para alcanzar la “seguridad alimentaria”. Sin embargo, los resultados han sido negativos porque esas disposiciones tangenciales han embrollado y no han tocado el fondo de la cuestión agraria, y mientras no se proceda en sentido contrario, tanto el aumento de las áreas cultivadas como tener mayor producción serán sueños cósmicos y publicidad engañosa de empleados oficialistas que tienden cortinas de humo para cubrir sus fallas.