12 casos con indicios de corrupción y falta de transparencia

La corrupción es una de las prácticas gubernamentales y privadas que afecta directamente a los sectores menos favorecidos de la sociedad, dicen unánime muchos economistas.

No están pendientes solo los hechos de corrupción del ámbito económico que fueron denunciados como escándalo en los medios como en caso del expresidente de YPFB, Santos Ramírez, sino otros como el caso de la compra de barcazas chinas, el caso BoA, el robo de dinero del BCB y la administración de la empresa naviera boliviana. En muchos de ellos falta transparencia del Gobierno que no explica las millonarias contrataciones de proyectos petroleros y obras civiles.

SIN LICITACIÓN

Otros casos que cobraron relevancia en los últimos meses están vinculados al tráfico de influencias y contratos sin licitación favorables a familiares del vicepresidente, Alvaro García Linera, como ocurrió con la empresa estatal BoA.

EFECTO MULTIPLICADOR

“Así como los ingresos del país se ha incrementado 10 veces más, como resultado de los costos internacionales que favorecen la venta del gas a otros países, de la misma manera los hechos de la corrupción se han multiplicado en más de 10 veces en la actual gestión, por la forma en la que se realizaron las adquisiciones de empresas de servicio”, precisa el analista Humberto Vacaflor Ganam, al referirse a las contrataciones por excepción sin licitación internacional.

SATÉLITE TÚPAC KATARI

Tal el caso del satélite Tupac Katari que tiene un valor de $us 302 millones, existiendo serias inconsistencia sobre el valor invertido y los servicios que presta. Por ejemplo, las autoridades señalaron que el satélite no podrá obtener fotografías sobre los cultivos de coca, la masa forestal afectada por la expansión de la frontera agrícola ni otros servicios para el estudio climatológico.

PLANTA DE UREA

La compra de una planta de Urea para su instalación en Bulo Bulo en la zona del Chapare cochabambino está enmarcada en la misma lógica de invitación directa y sin licitación internacional. La inversión total de este proyecto es de $us 862,5 millones y desde la fundación de Bolivia es la más alta de la historia en una sola industria, dijo un reporte de YPFB. El Gobierno afirma que se ha adjudicado a la empresa Samsung con licitación internacional.

TELEFÉRICO

También se cuenta la contratación del teleférico en beneficio de una empresa China, con un valor de $us 240 millones, realizado por invitación directa cuando inexplicablemente se transó solamente dos días dejando de lado a otras empresas proponentes europeas, sin aplicar las normas nacionales que exigen licitación internacional por la cuantía de los fondos comprometidos.

“Por lo tanto todos los contratos realizados en el actual Gobierno ha sido realizado solo por invitación directa, sin aplicar la ley y el proceso de licitación que exige la norma, porque lo contrario a la aplicación a la norma simplemente dan paso a diferentes interpretaciones de hechos de corrupción”, observó Vacaflor.

COMISIONES

Para el analista es de conocimiento que las empresas contratadas no por procesos legales de licitación, tienen a ofrecer diferentes montos como mecanismos de comisión por haber sido contratados, acto que no se puede aplicar en un proceso de licitación pública. “Por lo tanto el 10% del que se habla por concepto de contratación es aplicado en este tipo de contratación de la cual solo un pequeño grupos llega a ser favorecido”, indicó.

OTROS CASOS

A los casos identificados anteriormente se suma por ejemplo el 5% de Impuestos Directos de Hidrocarburos (IDH), que representa $us 500 millones destinado al Fondo Indígena, recursos de los cuales en la actualidad se desconoce cómo son destinados y cuales los beneficios que se logra en favor del Estado y de los propios productores.

BANCO CENTRAL

El robo de más de 120.000 dólares de las bóvedas de seguridad del BCB no tiene avances en la investigación para establecer a los responsables de este delito. Se presume una red de personeros de la entidad que sustrajeron esos caudales. El presidente del BCB, Marcelo Zabalaga, dio recientemente información escueta sobre el trabajo de las autoridades policiales, aunque se pudo recuperar una pequeña parte del botín.

TARIJA

Otro caso observado son los recursos que la Gobernación del departamento de Tarija destinados en calidad de préstamo a la Administradora de Caminos de Bolivia (ABC), para la ampliación de vías que no están en ese departamento. “El préstamo es por más de 10 millones de dólares y nadie conoce cómo son manejados estos recursos que fueron prestados por la Gobernación”, señaló Vacaflor.

A la nómina de procedimientos irregulares el analista observa -por ejemplo- los casos de contrabando que pese a la aprobación de decretos sancionatorios los mismos no solo son inaplicables, sino que generaron un incremento en el valor que se destina a los productos que ingresan por concepto de contrabando.

ROPA USADA

“La internacional de prendería usada que antes estaba administrada por seis familias y que se conoce que en la actualidad, solo favorece a una familia por la cual se logra su administración tanto de la internación así como de su comercialización, factor que solo ha generado el incremento del valor de dicha ropa tanto en el mercado interno como aquella que se vende en la Argentina -por ejemplo- donde se identifica un gran acopio de esta prendería mucho más que lo que ocurre en otras regiones del país”, remarcó.

INDOCUMENTADOS

En el caso de los vehículos chutos o internados por contrabando, el actual control de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), solo han permitido que se incremente los pagos de internación que se aplican en las trancas por donde circula dichos motorizados, de lo contrario no circularían en todas las provincias del país y sobre todo en el Chapare.

“Todo estos casos son simplemente la actual forma de administrar la ilegalidad de la cual surgen nuevos millonarios que de seguro no invierten sus resultados en la banca nacional sino posiblemente en la banca suiza que hace dos años llegó a Bolivia ante la existencia de 205 nuevos millonarios en el país”, recordó Vacaflor.

OTROS CASOS PENDIENTES

A los casos anteriores se agrega la irregular compra de barcazas a empresas de Corea del Sur el 2009 por parte del contraalmirante Freddy Ballesteros, cuando dirigía la Empresa Naviera Boliviana (Enabol). El ministro de Defensa Rubén Saavedra ratificó ante un fiscal su denuncia penal contra un jefe naval por comprar supuestamente de forma irregular a empresas de Corea del Sur una flotilla de barcazas y remolcadores por $us 26 millones, informó una fuente oficial.

Saavedra reiteró esta semana la denuncia en la Fiscalía contra Ballesteros, quien el 2009, cuando estaba al frente de la estatal Empresa Naviera Boliviana (Enabol), firmó los contratos de compra, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Ballesteros, quien desde hace varios meses está detenido por este caso ante la firma de un contrato con Seah B&k Duck Sung por la construcción de 16 barcazas valoradas en 14,4 millones de dólares y otro con la compañía Yensoo Shipinbuilding por dos remolcadores valuados en 11,5 millones de dólares, proceso sin licitación.

COIMAS

En cuando al caso del delito de coima identificado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, quien fue sentenciado por supuesta corrupción en el caso Catler – Uniservice, aseguró que todas las acusaciones en su contra, como el contrato con una “empresa fantasma”, la falta de garantías para la construcción de la Planta Separadora de Río Grande y la supuesta “coima” de 450 mil dólares, no fueron comprobadas.

SENTENCIA

Ramírez fue sentenciado por denuncias de corrupción pública en la firma de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler-Uniservice por $us 86 millones para la instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande Santa Cruz. La acusación surgió tras un hecho de sangre, donde Jorge O’Connor, socio de Catler-Uniservice, resultó asesinado.

YPFB

Ramírez también indicó que el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, hizo el desistimiento de la demanda y denunció que la paralización de la obra habría provocado un daño económico al Estado de alrededor de $us 40 millones. Con todo esto, aseguró que existe mucha presión para “hacerlo ver culpable” y aseveró que fue víctima de una trampa donde “hicieron matar al empresario Jorge O’connor”.

SUBSIDIO

Ramírez también hizo referencia a los beneficios que conlleva la conclusión y la puesta en funcionamiento de la Planta Separadora de Río Grande, puesto que hizo entrever que el actual contrato de exportación de gas de Bolivia a Brasil no contemplaría el pago real por el gas rico que era comercializado.

BOA

En el caso de BOA, fue Arturo Murillo, actual candidato de Unidad Nacional (UN), quien presentó ante la Fiscalía de Cochabamba una denuncia formal contra el vicepresidente Álvaro García Linera por presunto uso indebido de influencias en la firma de un contrato de servicios de refrigerio (catering) entre la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y la empresa “Air Catering”, de la que es accionaria su cuñada, Silvana del Castillo Tejada.

“Hemos formalizado la denuncia que habíamos dicho que la íbamos a formalizar la semana pasada. Hemos cumplido con nuestra labor ciudadana. Esta denuncia es contra autor o autores del caso de tráfico de influencias en BoA, un contrato millonario de BoA, de la familia real, de la familia del vicepresidente Álvaro García Linera”, manifestó entonces Murillo. Dijo también que su denuncia se basó en el artículo 146 del Código Penal, que define el uso indebido de influencias.

TRAMA FAMILIAR

Según el representante de UN, la denuncia tiene por fundamento que de la empresa Air Catering era socia Silvana Carolina del Castillo Tejada, quien está casada con Mauricio García Linera, hermano del Vicepresidente, por tanto resultó ser la cuñada del Vicepresidente.

INVITACIÓN DIRECTA

El segundo fundamento presentado por Murillo señala que el contrato para el servicio de refrigerio habría sido hecho por “invitación directa” y sin previa licitación. En el tercero, el gerente general de BoA, Ronald Casso Casso, quien habría suscrito el contrato, tiene un pariente consanguíneo, Winston Fabián Casso Casso, a quien se identificó como miembro del equipo de seguridad de Álvaro García Linera.