Indemnizaciones a la Jindal

Con actitud que considera que lo primero no es el pensamiento, sino que la voluntad está en la base de todo lo existente, el populismo gobernante dio golpes a algunas empresas extranjeras que ingresaron legalmente al país, pero que después de algunas dificultades, fueron estatizadas a título de nacionalización, medidas que han tenido efectos que podrían tener lamentables consecuencias en la economía popular y del mismo Estado.

Esa manera de proceder que se asentó en una “voluntad cósmica” primaria, absolutamente incondicionada e instintiva, tuvo como reacción lógica la sentencia de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, Francia, que dictaminó que el Estado plurinacional boliviano debe cancelar a la firma hindú Jindal Steel la suma de 22 millones y medio de dólares, como sanción judicial por la ejecución por parte del Estado boliviano de las boletas de garantía, situación originada a partir del momento en que dicha empresa extranjera inició una demanda arbitral ante la mencionada Cámara.

Esa reacción de la empresa hindú, amparada por la Cámara de París -si no se cumple en el plazo de diez días-, podría hacerse más dura para el pueblo boliviano en caso de que prospere otra acción legal que podría significar que Bolivia tenga que pagar a la Jindal Steel una otra indemnización por la suma de 100 millones de dólares por resarcimiento de daños y perjuicios tras la rescisión del contrato de julio de 2012.

Esas sanciones comerciales eran esperadas como consecuencia de la práctica del libre albedrío con que fueron aplicadas y como resultado de la contaminación del voluntarismo populista que sufrieron autoridades ejecutivas en momentos de triunfalismo político, conducta que se manifestó cuando se impuso la filosofía de “le meto nomás” con la idea subjetiva de que los abogados solucionarán el problema “porque para eso se les paga”, “filosofía” que, naturalmente, tuvo la sanción de la Cámara de Comercio Internacional.

La decisión internacional es obligatoria a no ser que el gobierno de Evo Morales encuentre alguna salida legal y así evite grave daño al pueblo boliviano, sobre cuyas espaldas recaerá todo el peso de esas sanciones.

Pero ahí no termina la historia, sino más bien empieza. En efecto, otra empresa cuyos bienes fueron “nacionalizados” también está exigiendo por vía del arbitraje internacional el pago de100 millones de euros. En efecto, la Red Eléctrica de España también tiene una negociación de arbitraje por la “nacionalización” de la red filial boliviana, que se realizó en mayo de 2012, caso que se ha convertido en otro oneroso problema para el pueblo boliviano y que sumado al de la Jindal Steel, podría subir al total de más de 200 millones de dólares, suma que en todo caso tendrá que pagar el pueblo boliviano en su conjunto como resultado del voluntarismo del Ejecutivo.