Producción agrícola en permanente caída

Preocupa seriamente a la comunidad nacional el hecho de que las áreas agrícolas del país, especialmente de la región occidental, estén en una permanente caída; las razones son varias y una de ellas es el continuo éxodo de campesinos a los centros urbanos; otro motivo, según los mismos habitantes de las regiones agrícolas, es que no hay incentivos de ninguna clase y no se recibe ninguna facilidad que señala la Ley de Reforma Agraria aprobada en agosto de 1953. Como tercera razón se indica que el costo de semillas y abonos ha subido excesivamente y no hay autoridad que ponga coto al abuso de los comerciantes; finalmente, se dice que el campesinado productor sufre el abuso de transportistas e intermediarios.

Se alega, por otra parte, que el cultivo de coca, con los incentivos que tiene, “ocupa muchas de las áreas que antes se dedicaban a producir hortalizas, frutas y muchos productos necesarios al pueblo”. Para los campesinos de las regiones cocaleras resulta práctico cultivar coca porque logran hasta tres cosechas anuales y el producto tiene precios altos que pueden subir permanentemente porque los compradores jamás discuten los precios de las hojas de coca.

Nuestro país, como nunca en su historia, sufre la importación de papas y otros tubérculos; zanahorias, cebollas, rábanos, maní, hortalizas de toda clase y muchos otros productos que antes eran sembrados, cultivados y cosechados por los campesinos. La importación de papa recuerda a los “tiempos revolucionarios” del MNR, cuando se anuló la siembra de papas y se dio lugar a la importación desde Holanda, con precios muy elevados, y que, en realidad, fue una medida política para beneficio de la Célula de Importadores del MNR. Este hecho duró prácticamente hasta el año 1957, cuando finalmente se pudo ver que el país podía cultivar lo que consumía.

Seguir con fuentes de producción cerradas, no promover el retorno de campesinos a las áreas agrícolas creando incentivos y beneficios muy especiales, es contrario a toda política económica que establece la necesidad de que la población se provea de lo propio, especialmente si existen las condiciones para ello. Permitir que campesinos emigren a las ciudades creando cordones poblacionales en ellas y que buscan trabajo mal rentado y, sobre todo, viven en condiciones precarias, es atropellar los derechos humanos cuando el Gobierno nacional cuenta con los medios y recursos necesarios para reactivar la agricultura, la agroindustria y restablecer el trabajo de miles de campesinos y de empresas agrícolas que podrían cubrir abundantemente las necesidades de la población.

Es urgente que el Gobierno adopte medidas para una reactivación de las áreas rurales en la región occidental y se incremente la producción en las regiones orientales creando facilidades e incentivos que permitan el retorno de campesinos que poseen tierras en muchos sitios del país y que por no trabajarlas las han abandonado.