El uso vil de un fin noble

Tal vez porque sufrí la ausencia temprana de mi madre, la imagen de la mujer es sagrada para mí. Mi respeto profundo, mi admiración y consideración hacia ella se fue reforzando gracias al entorno familiar de abuela y tías que me cobijaron en su regazo después de su muerte y en el respeto y veneración de mi padre, incluso después de la partida temprana de la mujer que había elegido para compañera.

Aunque la conducta humana es incomprensible por impredecible, me cuesta por eso entender que una persona emplee violencia contra una mujer. En realidad, contra otra persona, sin que importen género, raza, religión, condición social o económica. En realidad, me indigna que se lastime a otro ser vivo, no importa que sea humano, animal o vegetal. Estoy, pues, en firme contra la violencia hacia las mujeres o a otros seres vivos. Y, por supuesto, contra el feminicidio.

Hecha la salvedad (necesaria en estos tiempos de uso político de todo lo que se dice, se hace o se escucha con tal de llevar agua al molino propio), creo que es absolutamente vil el uso político que se hace en afanes de proselitismo de un fin noble como es la lucha contra la violencia a la mujer. Y desde el pragmatismo que demanda el diario vivir, me parece también absurdo. Por paradójico que parezca, sin embargo, creo que bien analizado, el mensaje de esas actitudes es también útil.

Vamos por partes. La mecha se encendió con las declaraciones que hizo ese candidato a primer senador oficialista por Cochabamba que sostiene que para evitar las acciones de violencia contra las mujeres, debían “ser educadas” y aprender “a comportarse”. Al margen del absurdo de ese criterio, con el que se puede o no estar de acuerdo porque al final de cuentas cada uno es libre de pensar lo que le da la gana, las explicaciones oficiales enviaron una señal muy clara a la gente.

El presidente y jefe del oficialismo atribuyó lo dicho por su candidato a senador a su escasa experiencia política. Las explicaciones que le siguieron desde el oficialismo giraron en torno a ese hecho: la falta de cintura política del candidato para decir lo que no debía decir. Según ese criterio, de haber tenido “experiencia”, no tendría que haber dicho lo que dijo porque no era conveniente ni oportuno para ganar votos. Aunque esa sea realmente su convicción profunda y esa sea la perspectiva en que actuará si es que llega a legislador.

Al margen de estar o no de acuerdo con esa forma de pensar y de actuar que deja como señal ese hecho, y de la absoluta muestra de desprecio a las opiniones ajenas, el asunto abonó terreno para la politización del tema. El hecho terminó develando, también, una extraordinaria capacidad de maniobra política desde el oficialismo. Y en contraparte, una incapacidad de similar proporción para actuar desde la oposición.

Es tal vez prematuro estimar el efecto que tendrá en el resultado final del 12 de octubre la renuncia obligada de un candidato plurinominal de la oposición sindicado de “machista” y de haber golpeado a su ex compañera. De ser así, grave pecado de la candidatura presidencial de la agrupación política a la que pertenece el no tener espaldas suficientes para soportar el peso de un caso individual de uno de sus integrantes. Lo cual develaría una preocupante incapacidad de acción y reacción.

Se puede afirmar, en cambio, que el manejo político de la denuncia de violencia (condenable si es cierta) contra la ex compañera de ese personaje violó otras normas. Según la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 (Art. 11), “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataque ilegal a su honra o reputación”.

Ocurrió lo mismo, vale la pena recordar, con otro candidato del oficialismo a senador por Cochabamba, que se vio obligado a renunciar por una sindicación similar. También en su caso se violó un derecho fundamental de respeto de su honra y dignidad. Sólo que en su caso asumió la decisión antes de que tomen fuerza de consigna política las denuncias en su contra.

Al margen de los casos puntuales, que interesan y afectan para bien o para mal sólo a los candidatos, el debate político se tendría que enriquecer exigiendo a las partes en discordia propuestas concretas y prácticas para resolver el problema de violencia contra la mujer. Un debate fundamental si se toma en cuenta que se trata de un problema permanente que se puso de moda recién ahora y sólo por necesidades de proselitismo. Con mayor razón cuando existe ya una ley de protección a los derechos de la mujer que no se ha puesto en práctica porque no tiene reglamento. Y por paradójico que parezca, no tiene reglamento porque no tiene presupuesto… aunque se gasten millonarios recursos en propaganda y movilizaciones para hablar del tema.