Prohibiciones para candidatos presidentes: lo que debió ser

Comparativamente a periodos previos, desde el 14 de julio, fecha de inicio oficial de la campaña electoral, Evo Morales habría triplicado la entrega de obras y otros bienes públicos. De acuerdo con la investigación realizada por El Deber (Enlaces Bolivia 1/9/201), el proselitismo/gestión presidencial se tradujo en la entrega de 44 obras en los nueve departamentos. Como se acostumbra desde hace ocho años, ello implicó una frenética agenda de viajes, la organización de concentraciones masivas, la infaltable transmisión en vivo por la red de medios estatales y el consiguiente spot o jingle publicitario institucional encargados de diseminar la buena nueva al país a través de todo el espectro de medios masivos de comunicación. Según el cálculo conservador de Carlos Börth (Diálogo/Panamericana), el costo de la propaganda institucional oficialista difundida en cinco redes televisivas en lo que va del año, habría superado los 15 millones de dólares americanos (promedio 4 dólares/segundo en TV), incluyendo la duplicada frecuencia publicitaria de los últimos dos meses. Esta cifra no contempla el millón de dólares gastado en una semana de propaganda negativa, con la intención de crucificar a Doria Medina bajo el mote de “vende patria”.

Ninguno de los extremos arriba señalados hubiera sido posible si Bolivia hubiese adoptado la normativa recomendada y vigente en países que se precian de preservar la institucionalidad democrática en casos de reelección presidencial continua. Ésta es puntillosa al diferenciar la gestión pública de la dinámica de campaña y de generar condiciones mínimas de igualdad en la competencia electoral.

Es el caso de las siete prohibiciones que, conforme a la Ley de Garantías, el presidente/candidato J.M. Santos de Colombia tuvo que cumplir durante algo más de cinco meses antes del día de los comicios. Menciono cinco. Desde la oficialización de su candidatura, todo candidato/Presidente, está PROHIBIDO de: 1) inaugurar obras públicas ni estar en eventos donde se entregue recursos o bienes públicos; 2) participar en programas de televisión estatal o en eventos que vayan a ser transmitidos por los canales estatales, restricción también aplicable a la propaganda institucional gubernamental; 3) utilizar bienes ni recursos públicos para la campaña electoral, excepto los relativos a su seguridad personal; 4) introducir modificaciones al presupuesto de publicidad gubernamental y 5) referirse o aludir personalmente a los candidatos presidenciales de la oposición, hecho que se convierte en el mejor antídoto para la demagogia discursiva y descalificación de los adversarios.

En Bolivia, de manera deliberada, la norma vigente desdibuja los límites de la gestión y de la campaña expresada, ésta última en una abrumadora e inédita avalancha propagandística. Así, mientras el Gobierno dispara sus municiones mediante sofisticados y costosos misiles, los opositores lo harán con arcabuz, sin recursos y por apenas un mes en un híper saturado espectro.

Ahora bien, si Ud. como lector aún no sufre los efectos adormecedores de tanta propaganda en tiempos de bonanza y concede el beneficio de la duda al inicial párrafo de esta nota, sugiero aquilate el alcance de las faltas/delitos electorales que Evo Morales y el MAS habrían cometido de estar vigentes las referidas prohibiciones. Reflexione usted sobre las implicaciones de estos y otros excesos a los nos acostumbramos en tiempos de autocracias electivas. Esos que una oposición débil y arrinconada no pudo y no podrá limitar, mientras gana terreno la tolerancia y el perverso efecto del cohecho electoral y la gran piñata prebendal.