Sólo 7 casos de trata y tráfico reciben condena en cinco años

Un informe de la Dirección de Trata y Tráfico de Personas da cuenta que sólo siete de 700 casos denunciados llegaron a tener condena en cinco años en los estratos judiciales, delito que es considerado por Naciones Unidas como el tercer negocio ilegal más importante en el mundo con dividendos de al menos 32 mil millones de dólares, dejando 12,3 millones de víctimas en todo el planeta, sobre todo, mujeres, niños y niñas.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), Bolivia es el país con más incidencia de crímenes de este tipo en América Latina, solamente precedido por República Dominicana y Paraguay.

El director general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, Freddy Cayo, dijo que en los últimos cinco años se conocieron 731 casos por informe del Ministerio Público y de manera paralela se tiene 1.605 denuncias hechas a la Policía.

Las víctimas son vendidas a organizaciones criminales que trabajan con redes de prostitución, explotación laboral, además de la venta de sus órganos.

La Fiscalía argumentó que las preguntas son impertinentes porque no vienen al caso, además que el contenido de la carta no fue legalizada por la Cancillería. Sin embargo, la defensa encuentra relación porque García Linera y otros operadores figuran como actores del supuesto montaje de terrorismo.

Las objeciones provocaron airadas reacciones de Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, que desafió a Céspedes a dejarlo hablar. En medio de gritos y protestas en sala, el juez Sixto Fernández amenazó con trasladar las sesiones a la cárcel de Chonchocoro de La Paz, tensionado aún más el ambiente.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz se trasladó en primera instancia a la ciudad de Tarija a causa del delicado estado de salud de varios de los imputados, luego tuvo que dirigirse a la ciudad de Santa Cruz donde hasta el momento lleva adelante las audiencias del caso Terrorismo, considerado el más importante de los últimos cinco años, debido a las características del mismo y las denuncias de supuesto montaje vertidas por el exfiscal Marcelo Soza, Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera.

El abogado defensor Gary Prado Salmón denunció que el fiscal Céspedes está dedicado a obstruir la investigación, porque cuando uno pregunta a los testigos por Raúl García Linera objeta las respuestas, “pero cuando le conviene no objeta”. ¡Quién manda! ¿El fiscal Céspedes es el que manda? preguntó.

Por su parte, el procesado Gelafio Santiesteban exigió al juez Sixto Fernández dejar hablar al testigo para aclarar “el injusto proceso”.

Mientras fiscales y abogados protagonizaban un incidente, el juez ignoró un pedido de permiso de Ignacio Villa Vargas para ir al baño, pese a que notoria desesperación le pidió que espere y cuando se lo concedió “El Viejo” ya se había orinado en su silla de ruedas.

Frente al caos, el juez suspendió la audiencia hasta las 9.30 horas de este jueves e inmediatamente la prensa abordó en plena sala a Villegas quien desafió a Céspedes a dejarlo hablar y demostrar que trabajaron juntos en el caso terrorismo. “En vez que él me pregunte, me calla por qué no quiere que se sepa la verdad”, arengó notoriamente molesto.

Estos incidentes se suman, al otro protagonizado en horas de la mañana de este miércoles por el abogado defensor y candidato a diputado uninominal por Santa Cruz, Otto Ritter, quien increpó al fiscal Céspedes, debido a que llamó a María del Carmen Morales, “supuesta esposa” del general retirado Gary Prado a quien lo defiende en este juicio. Ritter lanzó insultos al fiscal y lo amenazó con investigarlo cuando llegue a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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