ONU pedirá informe sobre caso de suboficiales a FFAA

Comunicación directa con los tres suboficiales detenidos y sus familiares, además de un informe sobre las condiciones de su aprehensión, será solicitado a las Fuerzas Armadas (FFAA), son algunas de las acciones anunciadas por Denis Racicot, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, sobre el conflicto en las FFAA y la administración de justicia militar, iniciado en abril de este año cuando decenas de uniformados de bajo rango ganaron las calles solicitando eliminar la discriminación racial al interior de la institución castrense y la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), afirmando que esta norma militar vulnera sus derechos, como el acceso a estudios superiores.

“Nosotros estamos siguiendo esta situación, hemos llegado al Tribunal Militar, es por supuesto un caso de inquietud, pero es un caso sobre el cual nosotros estamos realizando el monitoreo, hemos pedido el acceso a las personas para ya verificar la situación”, declaró Racicot.

Las declaraciones del representante de Derechos Humanos de la ONU, las hizo ayer en un céntrico hotel de La Paz, se dieron de manera paralela a una entrevista que un representante legal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Xavier Mena, sostenía con los abogados de los tres suboficiales detenidos en instalaciones militares.

Los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Freddy Sucojayo, Franklin Colque y del Ejercito Jhony Gil Leniz, este último, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss), fueron voceros ante el Alto Mando Militar para la presentación de un ante proyecto de ley sobre la adecuación de la LOFA, sin embargo ante la falta de atención a su demanda, los uniformados salieron a las calles desde el 16 de abril, por ello enfrentan los cargos de motín, sedición y rebelión.

A esta reunión, asistió César Rojas, abogado del presidente de Ascinalss, quien explicó que la reunión se produjo luego que la Defensoría del Pueblo elevara un pedido a esa instancia internacional.

En representación de los suboficiales Franklin Colque Layme y Freddy Sucojayo se hizo presente el abogado Alberto Costa Obregón, quien al margen de las observaciones legales a las acciones de los tribunales militares, calificándolos de “excepción”, habría detallado en esta reunión las precarias condiciones en las que se encuentran ambos en la Base Aérea de El Alto, donde dijo que ambos militares solo pueden salir al sol por 30 minutos; a ello se suman los abusos cometidos en contra de los hijos del suboficial Sucojayo, a quienes los oficiales de alto rango, someten a requisas físicas; hecho condenado también por el Defensor del Pueblo.

“En esta reunión se expuso la manera ilegal en la que (los tribunales militares) están incrementando los riesgos procesales, se ha hecho notar que no existe acusación, imputación y todos esos aspectos”, detalló Rojas, al mencionar que la ONU no informó de una fecha para saber cuáles son las determinaciones que tomaría.

OBSERVACIÓN

En la publicación de ayer EL DIARIO dio a conocer sobre el proceso penal seguido en contra del vocal de la Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), coronel José Antonio Capero Castro, quien enfrenta una imputación por homicidio culposo por la muerte del cadete Luis Germán Estter Organivia (18) y el soldado Alan Álvarez Llusco (15).

Buscando la contraparte, se consultó a miembros del TSJM sobre cuáles eran la implicaciones legales en el caso del suboficial Gil, y si aplicando su propio reglamento existiría sanción por omisión de información por parte de Campero, ya que como dicta el Código de Organización Judicial Militar, “no pueden ejercer este cargo, uniformados que tienen un proceso pendiente; a la consulta se hizo conocer que se emitirá un pronunciamiento el lunes, luego de solicitar el permiso correspondiente al Alto Mando”.

Al respecto Racicot afirmó que, “en el futuro hay que ver en qué medida la justicia militar (en Bolivia) está conforme a la Constitución Política del Estado y las normas internacionales respecto a los derechos humanos”.