Inseguridad y delincuencia

Los ciudadanos de la sede de gobierno y otras ciudades del país demandan la pronta ejecución de políticas eficaces para solucionar el principal problema que los aqueja y que es, sin duda, la “inseguridad ciudadana”. Así en una encuesta de percepción ciudadana sobe la calidad de vida en la ciudad de La Paz, efectuada por el Observatorio La Paz Cómo vamos (OLPCV), el 83,5% de los entrevistados apuntó como principal problema del pasado año a la delincuencia que afecta a su seguridad y en el presente sigue esa demanda.

En la mayoría de las familias urbanas, la pérdida de seres queridos por la violencia, los robos y asaltos ha dejado profundas huellas en el espíritu familiar (en la familia del autor de esta nota han asesinado a una hermana, robado un vehículo y desvestido a varios en la puerta de nuestros domicilios, sin que en ningún caso hubiera logrado algún resultado la policía), de tal suerte que nadie está medianamente seguro en nuestra querida ciudad y otras del interior.

Nos referimos a los asaltos a mujeres en las vías públicas, a veces arrastrándolas cuando se aferran a sus carteras, desde vehículos en los que operan los delincuentes; a golpizas y heridas, cuando no pérdida de vidas de ciudadanos que por alguna razón deben transitar de noche; asaltos y robos en residencias por malhechores armados; robos de partes de vehículos en menos de diez minutos o de vehículos enteros, a veces ofreciendo devolver las partes o el vehículo robado previo pago a los ladrones de determinada suma; apropiación de bienes inmuebles por bandas de delincuentes con contactos en oficinas donde se registra esas propiedades, con la complicidad de funcionarios y profesionales abogados; y otros delitos que demandaría mucho espacio detallarlos.

El crimen existe seguramente desde que el ser humano comenzó a convivir con otros, y por eso todas las religiones condenan las conductas delictivas de los individuos. Por ello se estructuró el derecho penal y se desarrollaron las ciencias que tienen que ver con el estudio de las conductas desviadas de la ley y la moral, y las que estudian las maneras de descubrir los delitos, como son la criminología y la criminalística.

Una de las obligaciones del Estado es ejecutar políticas para combatir y prevenir los delitos, preservando así la seguridad ciudadana de los habitantes, es decir de la sociedad, y para ello cuenta con instituciones que tienen por misión precisamente ejecutar esas políticas. La justicia y la policía son las organizaciones que deben llevar a cabo la política anti crimen, la primera a través de los jueces en materia penal y los fiscales del Ministerio Público, la segunda luchando contra el crimen en las calles, investigando y entregando a los delincuentes a la justicia, para que sean apartados de la sociedad.

Resulta que en nuestra sociedad paceña y boliviana, las dos instituciones encargadas de velar por la seguridad y justicia de la población están en crisis, por eso la ciudadanía no cree ni en la justicia ni en la policía, su percepción es de plena desconfianza y son las menos valoradas de las instituciones en el Estado.

El problema de la justicia y la policía es estructural, es decir que su estructura acusa serias deficiencias, que las hacen incompetentes en sus funciones o más aún, ya que no cumplen su misión constitucional y requieren una profunda reingeniería.

En estos tiempos electorales con cuatro candidatos de oposición y uno del oficialismo, en vez de entablar una aguda campaña (fomentada por algunos medios de comunicación) sobre si los candidatos ejercieron violencia física contra sus cónyuges o expresaron pensamientos contra las mujeres, lo que por supuesto condenamos, deberían debatir sobre sus propuestas para encarar prontamente políticas contra la inseguridad ciudadana y las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los pobladores. ¿Qué es lo que desde el poder harán contra la violencia delictiva?, ¿cuál es la política anti crimen que proponen?, ¿qué recursos destinarán a esta finalidad y qué esperan de sus políticas?

Los ciudadanos no podemos ni debemos vivir en zozobra ante el delito, poniendo en riesgo nuestras vidas, y padeciendo por la inoperancia de las instituciones que por ley tienen el encargo de darnos seguridad y justicia.