La producción de cocaína

La producción de cocaína virtualmente está abarcando a todo el país. Cada semana, por lo menos una o dos veces, la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) descubre laboratorios clandestinos dedicados a la producción de la droga.

Esta actividad delictiva adquirió tal magnitud que los operativos de la Felcn son actualmente resistidos con el uso de armas de fuego, arrojando como saldo muertos y heridos, entre narcotraficantes y policías.

Otro componente que han introducido los narcotraficantes a la vida pública de Bolivia es el accionar de delincuentes, identificados en Colombia y México como “sicarios”. Estos sujetos realizan los “ajustes de cuentas”, matando a quienes real o supuestamente han sido desleales entre los traficantes de cocaína.

Los productores de la droga, tal vez porque se sienten impunes en el país, han ampliado su actividad con fábricas móviles, con las que se trasladan de un lugar a otro del territorio nacional, para intensificar la elaboración de la droga, en sus distintas calidades y modalidades de envase.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, reconoció que clanes de narcotraficantes operan en todo el país y no en zonas específicas, en el discurso que pronunció el 24 de julio último, en ocasión de celebrarse el 27 aniversario de creación de la Felcn, según informó al día siguiente un diario local.

De su parte, el día 21 del mismo mes, el director de la Felcn, coronel Mario Centellas, declaró al mismo periódico que “es imposible dar las direcciones exactas donde existen los clanes familiares, pero vemos a éstos en todo el país, en El Alto, en Santa Cruz, en el Beni, en el Sur, están en todos lados”.

Explicó que los narcotraficantes involucran en sus acciones criminales a familias enteras (padres, hijos, tíos y otros), con lo que consiguen disponer de espacios territoriales difíciles de ser intervenidos por la Felcn.

El Cnl. Centellas refirió también que, de enero a julio, se realizó 7.724 operativos, en los que se decomisó 15,2 toneladas de cocaína (12 t eran base y el resto clorhidrato). Fueron aprehendidas 1.931 personas, de las cuales 1.810 eran bolivianas y 121 extranjeras. Además, han sido confiscados 14 aeronaves, 190 vehículos y 79 inmuebles.

Pese a este considerable y ponderado esfuerzo que realiza la Felcn, incluso sufriendo en sus filas con muertos y heridos, al enfrentarse a la resistencia armada de los narcotraficantes, claramente se advierte que la producción de cocaína en Bolivia está en auge, porque se dispone de abundante materia prima, que es la hoja de coca.

Extraña que la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Onudd) diga que cada vez se produce menos coca en el país, pero, al anotar que de las 23.000 hectáreas cultivadas al presente, el 47% va al narcotráfico, no parece preocuparse de esto, puesto que esta es su razón de existir. Más aún, que Argentina se haya constituido en el tercer país productor de cocaína en Sudamérica, utilizando coca boliviana.

La inminencia o quizá ya realidad, de constituir en definitiva a Bolivia en un país narcotraficante, se pone dramáticamente de manifiesto: la justicia ordinaria está comprometida con esta actividad. El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, informó el 14 de agosto, en Santa Cruz, que distintos juzgados liberaron a cerca de 80 extranjeros que se encontraban con detención preventiva en las cárceles, 30 de los cuales fueron detenidos por narcotraficantes.

La autoridad añadió que, tanto su despacho como el Ministerio Público, pidieron, por separado, investigar a jueces y fiscales involucrados en la liberación de los narcotraficantes. Sin embargo, mejor sería que dispongan, antes que pedir, para eso son autoridades involucradas con el problema.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, al dar cuenta, el 18 de agosto, en Sucre, sobre los casos de narcotráfico que están en poder de los jueces, expuso que en Santa Cruz ascienden a 2.835; en La Paz, 1.692; Cochabamba, 1.614; Beni, 275; Chuquisaca, 162; Tarija, 147; Potosí, 107; y Pando 84. Esta es la prueba más fehaciente de que la presencia de narcotraficantes abarca a ocho de los nueve departamentos de Bolivia.

La presencia de sicarios en el país es motivo de alarma y justificada preocupación. Un diario local, en su edición de 5 de agosto, editorializó sobre el tema. “La opinión pública –expresó- es testigo de una nueva ola de asesinatos a sangre fría en la ciudad de Santa Cruz, perpetuados por sicarios: al menos entre el 14 y 27 de julio”.

Añadió que “a raíz de estos hechos, investigadores del Ministerio de Gobierno pudieron averiguar cuánto cobran estos delincuentes, carentes de todo escrúpulo, por segar la vida de otra persona: entre 2.000 y 10.000 dólares”.

Otras puntualizaciones que hizo el editorial periodístico es que “en la mayoría de los casos, se trata de ajustes de cuentas entre narcotraficantes y deudas por negocios ilícitos o juegos de azar. Al respecto, cabe recordar que el tráfico de drogas viene siempre acompañado de los peores males: asesinatos, violaciones, corrupción generalizada, crisis institucional y, sobre todo, desestructuración del tejido social”.

Resulta, pues, pertinente señalar que cuando llega a estos extremos la actividad del narcotráfico, una de sus derivaciones más peligrosas es la ocupación armada de alguna región territorial. En Colombia han tomado posesión de casi un tercio de su suelo y en México está ocurriendo otro tanto.

Frente al incontenible crecimiento del narcotráfico, a Bolivia puede sucederle algo similar. El riesgo está latente. Las responsabilidades se las conoce públicamente; para la tolerancia no hay excusa.