Recuerdos del presente
Detener a Mario Orellana fue una torpeza del MAS. Peor todavía, fue un error en plena campaña.
Más aún: fue una demostración de descoordinación en las entrañas del instrumento político de la liberación.
La grabación que él entregó a los medios, con la admisión del presidente de que ordenó gastar cerca de US$ 100 millones en el G-77 como parte de su campaña, iba a ser frenada cuando llegaría a los medios. Y eso lo sabíamos todos.
Si tienes todos los medios audiovisuales controlados, ¿para qué te haces problemas por una grabación? ¿Y para qué detienes al que la filtró? ¡Por favor! Do me a favour.
Se sabe muy bien que la Superintendencia de Comunicación, que está por encima del Ministerio del ramo, es la que maneja todas estas cosas. Y se sabe que tiene algunas sorpresas para al tercer periodo de gobierno del caudillo. Nuevas adquisiciones.
Al final la gente no sabía por qué estaba preso Orellana. Nadie se enteró, gracias al vacío provocado por la censura, de las cosas que llegó a decir el presidente ante sus seguidores sobre el G-77 y sobre el innato masoquismo de las mujeres bolivianas.
El ritmo de la campaña debe ser muy intenso en los intestinos del instrumento. Hay otros indicios.
Héctor Arce Zaconeta, procurador del Estado y otras cosas más, informó que, tras una brillante gestión suya, se había conseguido rebajar a 30% la demanda de indemnización planteada por la Pan American Energy (PAE) por sus acciones en YPFB Chaco.
La empresa había pedido US$ 1.493 millones y a los pocos días se informó desde Buenos Aires, en el diario Clarín, para sorpresa de quienes se enteraron del anuncio del procurador, que Bolivia había tomado la decisión de pagar US$ 1.046 millones.
Quizá fue un descuido de Arce Zaconeta, o una confusión. Creyó que el monto convenido sería sólo 30% del original, y la verdad es que 30% fue la rebaja. Justito al revés. La calculadora del procurador debe estar con problemas. Quizá algún virus.
Y hay otro indicio. El caudillo asegura que tendrá dos tercios de los votos, pero sus operadores amenazan con castigar a latigazos a quienes osaren votar por otro candidato o practicar el voto cruzado.
Ese detalle revela que las encuestas íntimas que tiene el gobierno no se parecen en nada a las que manda hacer y que autoriza que se difundan.
Las fallas del servicio de Internet también son reveladoras.
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