El predominio de la política y la degradación del Estado

Según lo que indican las encuestas, la popularidad del Gobierno sigue siendo muy alta y sigue siendo el presidente Evo Morales y el MAS la opción de gobierno que prefieren los bolivianos. Los partidos de oposición están luchando arduamente por revertir esta tendencia, incluso apegándose al discurso populista del oficialismo. Éstos aparentemente continuarán con la política oficialista de la nacionalización y los subsidios. Estamos viviendo una guerra agria entre partidos, en la cual todo vale para descalificar al oponente.

No existe una seria discusión sobre los planes de gobierno que tienen o cómo encararán los graves problemas que enfrentará en el futuro nuestro país, como la creciente desinstitucionalización, la crisis del sistema judicial, la ausencia de planificación y fiscalización en la inversión pública, el debilitamiento del estado de derecho y del principio de autoridad y el cada vez aumento de la anarquía, estimulada por los bloqueos en las vías y los avasallamientos a las propiedades públicas y privadas.

Un tercer periodo del presidente Evo Morales puede ocurrir bajo tres escenarios, el primero con una victoria contundente en las urnas que le proporcione los dos tercios en la Asamblea Legislativa, lo cual le permitirá seguir gobernando a su antojo e incluso poder cambiar la constitución para ser reelegido por periodos sin término. El segundo obteniendo una victoria por encima del 50 %, pudiendo tener mayoría en esa misma proporción en la Asamblea. En este escenario ya no podrá hacer aprobar leyes y ya tendrá limitaciones a su dominio sobre el gobierno. El tercer escenario se presenta si obtiene menos del 50 % de los votos y ya no tiene mayoría en la Asamblea, entonces ya no podrá gobernar a su gusto y capricho. Una victoria por estrecho margen será el equivalente a una derrota.

En cualquier caso, la victoria del Gobierno en las elecciones no terminará el estado de conflicto en que vive el país y que tendrá que vivirlo día a día en los próximos cinco años. Continuará apagando incendios y tapando agujeros. Probablemente no se habrán terminado también los escándalos.

El Gobierno tiene pendientes varios juicios por corrupción y políticos que no han sido resueltos. El más candente es el juicio por separatismo. El caso tiene una duración de más de cinco años y el juicio más de uno. El Gobierno hasta ahora no ha podido presentar ninguna prueba para demostrar que cinco europeos hayan armado un complot para separar a Santa Cruz de Bolivia, con la colaboración de una treintena de bolivianos. En cambio en el juicio, los testimonios de los acusados y del testigo principal que tenía que ser del Ministerio Público, muestran que todo ha sido un montaje del Gobierno. El fiscal que condujo la acusación por más de cuatro años ha huido a Brasil y ha presentado una carta que confirma la declaración de los acusados. Dos ex funcionarios del Ministerio de Gobierno han declarado que el operativo de destrucción del complot fue montado por un gabinete jurídico y que fue ordenado por el presidente Evo Morales.

Este juicio y los otros no tienen ninguna trascendencia en las elecciones de octubre próximo. La prensa y la opinión pública no los toman en cuenta como factores que puedan incidir en la elección del nuevo gobierno. En el caso separatismo, los familiares de los muertos en el operativo del hotel Las Américas han presentado denuncias por asesinato ante las Naciones Unidas y la Unión Europea, lo cual han hecho también los dos sobrevivientes. El Gobierno de Hungría y el Parlamento de la Unión Europea han solicitado la liberación de estos y la aclaración de las muertes de los fallecidos. Si este caso no se resuelve en el país, corremos el riesgo de que se convierta en un juicio internacional, que podría llegar incluso a la Corte de La Haya y que tendrá que afrontarlo el próximo gobierno.

Por todo lo expuesto estamos en el camino de convertirnos en un estado fallido, si no es que de hecho ya lo somos. Es imperiosa la necesidad de restituir la democracia y el estado de derecho y poner límites a la acción de la política, para que Bolivia pueda tener un estado que le lleve por las sendas del progreso y el bienestar.

El autor es ingeniero civil y docente de la UMSA.