En 2013 hubo 119 denuncia por torturas y vulneración de derechos
Ante el incremento de las denuncias por torturas y vulneración de derechos humanos, al interior de las Fuerzas Armadas (LOFA), amparadas por normas “anacrónicas y de naturaleza colonialista”, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció ayer la presentación de una acción de anticonstitucionalidad de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y códigos militares que permiten la violencia y la vulneración de derechos humanos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La decisión fue anunciada en un momento en que las leyes militares y sus administradores de justicia enfrentan graves cuestionamientos que han llegado al conocimiento de instancias internacionales, como Naciones Unidas, que pedirá informe sobre la situación de detención de los suboficiales, Freddy Sucojayo, Franklin Colque y Jhony Gil Leniz, que en abril fueron voceros de un movimiento nacional que pidió la adecuación de su ley orgánica y la eliminación de la discriminación al interior de las Fuerzas Armadas.
INCREMENTO DE DENUNCIAS
De 96 casos denunciados en 2012 por violación de derechos humanos, en 2013 se incrementó a 119 y, al 31 de agosto de este año, alcanzó una cifra similar, pero el dato preocupante es que al menos 14 corresponden a torturas, tratos crueles e inhumanos, según los registros que tiene la Defensoría del Pueblo.
Villena afirmó que esta situación, producto de una actitud displicente por parte de los niveles superiores de las Fuerzas Armadas (FFAA), se ve reflejada en la negación sistemática a adecuar la formación y las conductas institucionales, a los principios de los derechos humanos y los postulados de la Constitución Política del Estado (CPE), que demanda cambios profundos hacia la descolonización, despatriarcalización y “el respeto imperativo a los derechos y garantías constitucionales”.
Ante la evidencia de estos excesos cometidos, al amparo de esta “norma anacrónica y de naturaleza colonialista”, el Defensor del Pueblo dispuso realizar un análisis jurídico de la LOFA, del Código Penal Militar y del Procedimiento Penal Militar, para plantear ante el TCP, “la inconstitucionalidad de aquellos aspectos que permiten y viabilizan las acciones de violencia y violación de derechos humanos de sus miembros”.
A tiempo de hacer el anuncio, Villena aclaró que esta acción, de la cual no se tiene fecha de entrega, no debe ser tomada como un ataque a la institución militar, sino obedeciendo al mandato constitucional que debe cumplir la Defensoría, que además está en condiciones de probar estas denuncias y negar el discurso de los jefes militares, que aseveran serían “hechos aislados”.
LLAMADO AL COMANDANTE
Villena reiteró el “vehemente llamado” al comandante en Jefe de las FFAA, almirante Víctor Baldivieso, para trabajar de manera conjunta, en las modificaciones efectivas a estas normas a fin de que se respeten derechos fundamentales, “no como una concesión, ni un complemento, sino como una obligación con la Patria, la Constitución y la ciudadanía boliviana”.
COMANDANTE DEL EJÉRCITO
Consultado sobre la posición del Defensor del Pueblo, el comandante general del Ejército Boliviano, general Omar Salinas, aseveró que desde hace varios años la institución ha adoptado medidas para respetar los derechos humanos, una de ellas es el establecimiento de oficinas en todos los recintos militares para recibir de manera exclusiva estas denuncias y que esta es una preocupación constante del mando militar.
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