Comprensión para dar solución

Ante el conflicto suscitado por demandas de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos han sido sancionados con baja o cambios de destinos, en diferentes unidades militares. Este conflicto debe ser abordado en el seno mismo del Alto Mando, en forma democrática y comprensiva, sin llegar a extremos. El pedido de ese sector de las FFAA no significaba amotinamiento o sedición, por lo que no se debía responder en forma drástica. El malestar de este grupo militar se reducía a solicitar mejoras académicas, para solucionar problemas económicos y ascensos, a fin de ganar un poco más, pues lo que recibían no les alcanzaba para su presupuesto familiar.

Ante este pedido, comprensible a todas luces, se les respondió con negativa tajante, que obligó a sus integrantes a salir a las calles, causando la reacción del Alto Mando, que calificó el hecho de sedición o amotinamiento, según las leyes militares. Por ello esa acción trajo sanciones drásticas de tipo militar.

La opinión pública respeta las decisiones del Tribunal de Justicia Militar, pero considera que se exageró con la medida, porque antes debió haber una política de entendimiento, a fin de escuchar planteamientos que son parte de la vida militar y sólo se trataba de conseguir mejoras económicas, que no las tienen, al contrario de los demás integrantes de los mandos militares, quienes gozan de privilegios, como jubilación con cien por ciento, doble aguinaldo y sueldos elevados.

La judicatura respeta las decisiones y actividades del Tribunal de Justicia Militar, ya que es una conclusión sin discusión, que los delitos ocurridos dentro de los recintos militares, deben ser juzgados por la Justicia Militar, pero no por esas atribuciones se tiene que vulnerar los derechos de las personas, derechos que rigen en el mundo para cualquier habitante, de cualquier condición, ya que ellos son sagrados y deben ser respetados universalmente, según lo que indica la ONU.

Por ello, es de justicia que el Tribunal Supremo de Justicia Militar respete estos postulados y muestre comprensión ante los familiares de los suboficiales y sargentos de las FFAA, y para lo cual la Defensoría de Derechos Humanos de Bolivia debe pedir a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la presencia de un observador internacional, que constate y verifique la vulneración o no de sus postulados, a fin de que sean respetados los derechos de las personas.

La opinión pública está preocupada por la actual situación en el interior de las FFAA y espera una política de comprensión, para dar por terminado el actual conflicto militar, sin llegar a la división de sus integrantes.

El autor es Profesor Emérito de la UMSA.