La retardación en el proceso del caso terrorismo es visto por el representante de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, como muestra del problema que confronta la justicia boliviana.
Racicot manifestó que las personas bajo juicio deberían ser sometidas a un proceso con tiempo limitado, sin que las audiencias sean interrumpidas con constantes pausas hasta demostrar la culpabilidad o no de los implicados en el caso terrorismo.
Lamentó que la retardación de justicia en el país esté relacionada con las acciones de jueces, fiscales y la propia defensa de los investigados que presentan una serie de recursos jurídicos.
Asimismo, sostuvo que el juez tiene que asumir otras responsabilidades en otros casos, (además) la defensa utiliza absolutamente todos los recursos posibles, los fiscales hacen peticiones que provocan retardaciones, por lo que dijo "que si este caso dura dos o tres años más, al final terminaremos con siete u ocho años de investigación policial".