En Oruro inician campaña contra contaminación minera

Oruro, (EL DIARIO).- Las autoridades nacionales y departamentales decidieron asumir con seriedad los casos de contaminación ambiental, como consecuencia de la explotación de recursos mineros en el departamento de Oruro, para evitar mayores desastres en el futuro inmediato.

El responsable de la Unidad de Justicia Socio Ambiental del Centro de Educación de Pueblos Andinos (CEPA), Jaime Caichoca, dijo que parece que, desde la designación de Jaime Gutiérrez, como coordinador de prevención y control ambiental del Viceministerio de Medio Ambiente, se mostró predisposición para “controlar mejor a las operaciones mineras, a fin de evitar la contaminación del medioambiente”.

Desde agosto pasado, “las inspecciones son participativas”, con la presencia de los comunarios que se sienten afectados con la explotación minera, tal como ocurrió con proyectos mineros.

“De aquí en adelante, hacemos votos porque los técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Oruro asuman sus funciones de control a las operadoras mineras, con la responsabilidad que exige la norma ambiental vigente en el país”, afirmó Jaime Caichoca.

Explicó que anteriormente, “se llevaron a cabo otras inspecciones, donde hubo falta de experiencia y desconocimiento de la normativa ambiental, tampoco había principio de autoridad y, por eso, las inspecciones acababan en estériles peleas entre técnicos de la Gobernación de Oruro o representantes de las empresas mineras”.

Al final, dijo, los únicos que quedaban mal parados “eran los técnicos de la Autoridad Ambiental Competente de la Gobernación de Oruro”.

Durante las mesas de trabajo y evaluación del Decreto Supremo 0335, realizadas en Oruro, el 28, 29 y 30 de julio pasado, los representantes de las comunidades afectadas por la contaminación minera plantearon la realización de “inspecciones participativas” a las operaciones mineras en el departamento de Oruro, para verificar si efectivamente cumplen con las normas para cuidar el medioambiente.

Los resultados obtenidos en la inspección participativa del 2 de septiembre en la mina de Kori Chaca, fueron más concretos y objetivos. Se efectuó una mejor coordinación con las comunidades afectadas por la actividad minera y los técnicos de la Gobernación de Oruro, con la misión de “controlar la problemática ambiental en el departamento”.

Se advirtió que una empresa “no cuenta con la identificación de impactos de limpieza del canal Comibol y aquellos impactos que pueda causar a los humedales de Iroco y el llenado del tajo de Vincuntaya”.

Se verificó el almacén de sustancias peligrosas, con la existencia de hipoclorito de sodio y agua acidulada, cuyo nivel de impacto están en las hojas de seguridad MDSD, pero dichos compuestos no se encuentran registrados en su documento LASP (Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas).

De la misma forma, la comunidad de Sora Chico interviene en el monitoreo participativo de las aguas superficiales, pozos y suelos.

Se verificó que los informes de laboratorio “no cuentan con la comparación de resultados, respecto a la normativa ambiental vigente”. También existen otras observaciones que deben ser contrastadas con informes de los técnicos y los comunarios.