Empresas e instituciones ilegales

De un tiempo a esta parte los ciudadanos nos hemos visto ingratamente sorprendidos por la proliferación de una serie de empresas e instituciones de todo tipo que ofrecen una serie de servicios, cuyo funcionamiento está probadamente al margen de la ley.

Las instituciones públicas encargadas de la extensión de permisos, control y vigilancia del funcionamiento de dichas empresas e instituciones son las mismas que increíblemente dan cuenta del ilegal funcionamiento de las mismas. Resulta paradójico en extremo que las mismas instituciones públicas presenten informes a la prensa en el sentido de que existen muchas entidades que funcionan sin que tengan permiso o licencia, reconociendo implícitamente su propia inoperancia.

Por ejemplo, Tránsito informa que apenas alrededor de 30% de las empresas de radio taxis tienen registro y permiso de trabajo, poniendo en riesgo a toda la población usuaria de ese servicio; el Servicio Departamental de Salud informa que en la ciudad de El Alto apenas cerca de un 35% de las farmacias cuenta con permiso vigente para el expendio y venta de fármacos, permitiendo atentar contra la salud y hasta la vida de las personas; ASFI informa que casi la mitad de instituciones financieras privadas de captación de recursos económicos no está registrada en dicha entidad reguladora, dando lugar a innumerables fraudes y estafas; el Ministerio de Gobierno reconoce que de 218 empresas de seguridad privada, apenas 39 o menos -no hay datos precisos- están legalmente habilitadas, poniendo en riesgo la propiedad privada.

De esa manera podemos llenar páginas enteras de otras instituciones como clínicas, consultorios médicos privados, institutos de enseñanza, universidades, colegios, restaurantes, bares, discotecas, talleres, hoteles, alojamientos, etc., etc., que funcionan sin permisos, pero por supuesto con conocimiento y consentimiento de las autoridades encargadas de su regulación y lo hacen a título de que su licencia o permiso estaría “en trámite”.

Esa conveniencia ilícita tiene que responder necesariamente a algún grado de corrupción, pues es altamente sospechoso que ingenuamente se reconozca la propia inoperancia administrativa sin que se realice alguna acción efectiva tendente a erradicar esa ilegalidad confesa.

Si la autoridad sabe y conoce el funcionamiento de alguna empresa, institución o entidad que realiza actividades sin permiso, tiene la ineludible obligación de actuar inmediatamente cortando dicha actividad de manera enérgica, interviniendo dichas instituciones, principalmente las financieras y denunciando el hecho ante el Ministerio Público para la detención de los responsables y principalmente la anotación preventiva de los bienes de dichos responsables a los fines de resarcir los daños y perjuicios a los prestatarios que ingenuamente han depositado sus dineros en dichas entidades que a título, por ejemplo, de “cooperativas” de ahorro y crédito han creído que funcionaban legalmente porque simplemente lo hacían de manera pública, es decir con oficinas en céntricas zonas, con propaganda, con personal, etc., etc., es decir dando una falsa apariencia de legalidad y sin ningún tipo de fiscalización.

Pero sugestivamente nada de eso se hace y siguiendo hablando de las financieras privadas, la ASFI recién actúa cuando la estafa, generalmente millonaria, a cientos sino miles de incautos depositantes de sus ahorros ya está consolidada, para colmo sin posibilidades de recuperación porque los responsables no tienen bienes a su nombre o ya han fugado y/o el Ministerio Público lo último que hace es pedir –si es que pide- la hipoteca judicial de los bienes de los responsables, dándoles oportunidad a que se deshagan de los mismos.

Se tiene que activar una política de prevención para evitar este tipo de situaciones que no sólo se dan en el ámbito financiero, y para ello es necesario que toda institución pública haga conocer, siquiera vía página web, las empresas, entidades o instituciones a su cargo que estén legalmente registradas y habilitadas para su funcionamiento, especificando todos los detalles de las mismas para que el usuario tenga la certeza de la legalidad de su funcionamiento y disponer asimismo una oficina o central de denuncias a fin de que la ciudadanía pueda denunciar a las empresas o instituciones que no estén legalmente habilitadas para su funcionamiento, ejerciendo el tan mentado y hasta ahora utópico control social en resguardo de la propia institucionalidad y seguridad ciudadana.