El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) contrató a 10 empresas para los nueve departamentos del país y una más para el eje troncal, para el trabajo de monitoreo de los medios de comunicación y la emisión de propaganda electoral, informó ayer su director, Juan Carlos Pinto.
“El proceso de monitoreo lo realizamos de manera permanente, solo que vamos a reforzar esto con la contratación de una empresa en cada departamento y una empresa más en la red troncal que va a monitorear especialmente a las redes nacionales”, informó la autoridad.
Desde ayer 12 de septiembre, las cinco organizaciones políticas y sus respectivos candidatos pueden recurrir a los medios de comunicación: televisión, radio y prensa escrita, para difundir sus propuestas programáticas y darse a conocer a la población en general.
En televisión y radio, cada partido político tiene diez minutos diarios para emitir sus propuestas, en tanto, que en los diarios pueden utilizar dos páginas diarias para ese cometido.
Según la Ley 026 de Régimen Electoral, los medios dependientes del Estado deben emitir propaganda electoral de forma gratuita para todas y todos los candidatos sin excepción, en un espacio y tiempo determinado por el medio.
El Tribunal Supremo Electoral mediante la Ley 026 limita algunos aspectos de la propaganda electoral. Por ejemplo, prohíbe que esta sea anónima, que esté dirigida a provocar la abstención electoral, que atente contra la sensibilidad pública, que atente contra la honra, dignidad y/o privacidad de las candidatas o candidatos y de la población en general, tampoco puede promover a la violencia, discriminación y la intolerancia.
Asimismo, no se pueden usar colores ni símbolos patrios ni se puede ofrecer prebendas o dinero. No se pueden utilizar imágenes de entrega de obras públicas, bienes, servicios o proyectos.
Al respecto, Juan Carlos Pinto informó que en el caso de una contravención, la Unidad Técnica del Sifde fiscalizará la denuncia y remitirá su informe a Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral para que las sanciones correspondientes.
Después de las elecciones se evaluarán posibles sanciones si los partidos no declaran el costo de la campaña. “Ese es un tema de fiscalización y falta de transparencia que tendrá otro tipo de tratamiento”, respaldó.
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