Privados califican de “funesta” nacionalización de “chutos”

Según el gerente Luis Encinas de viabilizarse esta medida “no solamente se volvería a legalizar lo ilegal, sino que también se invitaría a nuevos infractores de la ley a solicitar la legalización de sus delitos”.

ANTECEDENTES

Un documento elaborado por la entidad privada señala que el daño ya provocado por la Ley 133 que durante el año 2011 permitió la inclusión del parque automotor de más de 150.000 vehículos usados, ya ha sido asimilado por toda nuestra sociedad y añade que “este funesto tema que saturó nuestras calles a nivel nacional con vehículos peligrosos y obsoletos, que además desangró y desangra al erario nacional, permitiéndoles el consumo de combustible subvencionado hasta alcanzar cifras exorbitantes, recursos que debían estar contribuyendo a la salud y mejora de hospitales, ha sido una de las peores experiencias sufridas por nuestro Estado, al haberse ‘legalizado’ la ilegalidad”. El presidente Evo Morales anticipó que este año la subvención a los carburantes disminuirá de más $us 900 millones a $us 400 millones, al elevarse la refinación de petróleo en las plantas de Cochabamba y Santa Cruz.

CRÍTICA

La entidad privada ironizó la demanda de miles de dueños de vehículos indocumentados señalando que “por qué no tendrían derecho los traficantes de armas, los contrabandistas de televisores y electrodomésticos o los traficantes de sustancias controladas para asociarse en sindicatos o asociaciones de contrabandistas” o en “federaciones de pequeños contrabandistas de ropa usada y de agroquímicos” y pedir descaradamente “audiencia” con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y pedirle una amnistía y negociar la legalización de su delito, basando su comisión en la “necesidad” de su sector.

LEY DE ADUANAS

En febrero pasado se modificó la Ley de Aduanas, estableciéndose la entrega de un premio de hasta el 20 por ciento del valor total de la mercadería de contrabando que sea incautada y en caso que sea un municipio el denunciante, este recibirá el 40 por ciento. Los privados señalan que no se conoce el motivo por el cual no se procede con esta norma con los vehículos automotores ingresados de contrabando. “¿Existe una diferencia entre los contrabandistas de automóviles y los contrabandistas de electrodomésticos o de armas?”, se pregunta.

DE OFICIO

En su criterio las autoridades del Estado Plurinacional debieran proceder “de oficio” contra las “asociaciones de importadores de vehículos chutos”. Añadió: “Consideramos que en la legislación boliviana existe un aforismo que dice que ‘a confesión de partes relevo de pruebas”. De acuerdo al documento de la CAB, esta situación involucra también a aquellos que amparados en su “inocencia” declaran haber invertido su dinero “comprando” los automóviles chutos y exigen al Gobierno, la restitución de $us 5.000, para poder entregar a la Aduana Nacional los vehículos chutos. Este sector ratificó su apoyo a las tareas que realiza la Aduana pese a sus limitaciones.