Pretenden derogar decreto que prohíbe importar ropa usada

(ANF).- El secretario de relaciones internacionales de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (Cgtfb), Vitaliano Mamani, denunció que hay parlamentarios como el diputado disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ever Moya, que se comprometió a gestionar la derogación del decreto supremo que prohíbe la importación y venta de ropa a medio uso.

El dirigente expresó su preocupación por la intención de anular el Decreto 28761, que prohíbe la internación y comercialización de las prendas a medio uso, dado que afectará a las empresas que producen prendas de vestir o textiles, porque correrían el peligro de cerrarse o de despedir personal. La venta de ropa usada no paga impuestos ni cumple con los beneficios laborales, apuntó.  

“Hay algunos diputados que no sé bajo qué condiciones están diciendo que van a hacer derogar este decreto, pero si ellos se están comprometiendo a esto, estarían yendo en contra de los fabriles. Hemos escuchado al diputado Ever Moya, que dice que van a hacer desaparecer este decreto, pero el diputado no puede obligar al Gobierno a derogar este decreto, pero el tema va a ser discutido en una ampliado nacional de los fabriles”, manifestó.

El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y pequeña Empresa (Conamype), Víctor Ramírez, demandó el 27 de enero del Ejecutivo la aprobación del reglamento del decreto 28761 para que los municipios y las entidades públicas controlen la venta de ropa usada en las áreas urbanas. El decreto estableció la prohibición de la importación de prendería a medio uso hasta el 21 de abril de 2007, además de la comercialización hasta el 1 de marzo de 2008, pero este plazo se amplió hasta el 1 de abril de 2009, a través del Decreto 29521.

DIPUTADO

El diputado Ever Moya aclaró que fue su persona, en representación de los vendedores de ropa a medio uso, quien presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se deje sin efecto el Decreto 28761 para que se pueda importar y comercializar la prendería a medio uso, a través del pago de impuestos. Dio a conocer que a la par presentó un proyecto de ley para viabilizar el pago de tributos y se evite la corrupción y el contrabando.

“Hemos presentado el 12 de agosto la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional en el sentido de que este decreto supremo es contrario a la Constitución Política del Estado y lo que estamos pidiendo es que quede sin efecto este decreto que prohíbe la internación de ropa americana. Lo que estamos planteando es un proyecto de ley para que los que internan ropa usada y la comercialicen puedan pagar tributos”, apuntó Moya.  

Mamani subrayó que los municipios y las gobernaciones deben controlar y prohibir la venta de ropa a medio uso y pidió al Gobierno que se emita una norma para que se prohíba su venta que afecta a la industria nacional.

Ever Moya consideró que la importación y la comercialización a medio uso no afectarán a la industria nacional a diferencia del impacto que ocasiona la importación de prendas chinas: “La prendería usada en el fondo es para la gente de escasos recursos que no va a tener las posibilidades de comprar ropa nueva y, por tanto, debemos pensar en el tema social”.  

Entre 2006 hasta el presente, el movimiento económico que genera la venta de ropa usada en el mercado interno se incrementó de $us 80 millones a $us 160 millones y el número de vendedores en este periodo ascendió de 30 mil a 250 mil, señaló el 18 de marzo Víctor Ramírez.