Sobre sucesos en cárcel de El Abra
Como una acción de amedrentamiento fue calificada el accionar de efectivos de seguridad de la cárcel de máxima seguridad de El Abra cuando se dieron a la tarea de borrar las fotografías que debían ser utilizadas en el informe que se hará público sobre el hecho, “en franca vulneración de la Constitución Política del Estado y de la Ley 1818”, refiere un informe de prensa de la Defensoría del Pueblo.
“Demandamos a las autoridades de Régimen Penitenciario que se tomen las medidas urgentes para garantizar la vida, la integridad y la tranquilidad de las personas privadas de libertad que se encuentran en este recinto, especialmente de las niñas, niños y mujeres y que se accione de inmediato un plan de seguridad y protección, ante la posibilidad que se reactiven más actos de violencia”, refiere la nota.
Por este hecho, calificado de “grave”, es que la Defensoría del Pueblo solicitó se considere una intervención inmediata de la cárcel de El Abra por parte del Ministerio de Justicia, en mérito a lo que establece el artículo 46 de la Ley 2298 en actual vigencia que determina: “La Administración Penitenciaria y Supervisión depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Viceministerio de Justicia”, como primera medida para implementar soluciones de fondo al problema carcelario.
El lunes se conoció sobre un nuevo hecho de violencia en el cual perdieron la vida cinco personas y al menos once resultaron heridos, en todos los casos víctimas de disparos por arma de fuego tras la realización de una fiesta que se dijo fue autorizada tanto por el gobernador del penal como del Director Departamental de Régimen Penitenciario. Este hecho demuestra una total falta “indefensión” en que se encuentran los internos de El Abra.
“Nos parece inadmisible que se haya permitido la realización de fiestas al interior del Penal de Alta seguridad de El Abra, así como el ingreso y permanencia de personas ajenas a este recinto, entre ellos mujeres, niñas y niños, que resultaron víctimas de las acciones criminales que cegaron la vida de internos bajo circunstancias que deben esclarecerse a través de una investigación seria, imparcial y oportuna que determine las responsabilidades no solo directas, sino de quienes no tomaron las medidas mínimas de prevención o permitieron los enfrentamientos”, sostiene el comunicado.
Luego se anuncia que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, realizarán una “investigación profunda y minuciosa sobre la vulneración de los derechos y garantías constitucionales que se han cometido en estos acontecimientos, para lo que demandamos de las instituciones del Gobierno y del Ministerio Público, garantizar el más absoluto respeto y colaboración a nuestro trabajo”.
ENCAPUCHADOS
De acuerdo con un reporte de Radio Fides, tres encapuchados serían quienes asesinaron a los representantes de los reclusos en el penal de máxima seguridad de El Abra en Cochabamba, según el testimonio de una testigo ocular quien no quiso ser identificada por temor a represalias.
“Solamente nos hemos votado al piso, no podíamos ver nada, hasta que aparecieron los tres hombres con sus máscaras y le impactaron al Ariel (Tancara), estaban encapuchados, le dijeron que todas las balas eran para él y se loquearon, yo me oculté”, declaró.
Acotó que todo fue provocado por la pugna de poder en el penal, entre representantes de los reclusos bolivianos y extranjeros.
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