A pocas semanas de las elecciones de octubre, es urgente examinar condiciones precisas que deben tener los comicios electorales para que todo sea considerado absolutamente legal, límpido y cumplidor de la misma Constitución y las leyes porque el proceso de elecciones es el acto más terminante para la vigencia de la democracia y también para que se entienda que el país goza de la justicia.
El acto electoral para todo ciudadano que asiste a los recintos electorales tiene condiciones precisas y no es simplemente tomar una papeleta en las manos, marcar la preferencia y depositar en el ánfora. El voto es el espíritu de la democracia y la justicia; por ello, no puede ni debe ser manipulado, coartado, condicionado, vendido o comprado, amenazado, vigilado, controlado ni obstruido.
El voto es la manifestación de la voluntad del votante y es, por ello mismo, voluntario, personal, consciente, libre y responsable porque de él, o de la totalización de los votos depende la conformación del cuerpo de autoridades de la nación; no es, en modo alguno, un simple acto electoral ni es el cumplimiento de una norma elemental de vida de los pueblos; es, en definitiva, el sustento de la democracia y de la libertad.
El voto que está sometido a cualquier situación o condición de lo expresado líneas arriba, no es libre ni espontáneo ni veraz ni consciente. Cuando hubo en décadas pasadas, en algunos procesos electorales amenazas o controles u obstáculos de cualquier naturaleza contra los organismos electorales o los administradores del mismo proceso como son presidente y vocales de las mesas, o cuando se presentaron delegados o personas sin representación alguna para imponer normas y condiciones ajenas a las leyes, no había libertad ni independencia para la emisión del voto.
El hecho de que desaparezcan papeletas de sufragio de los recintos para votar o el manipuleo previo de las papeletas o la emisión de consignas favorables o no a cualquier candidato es restarle, anularle, quitarle, obstruir el voto. Más delictivo resulta cuando - como ocurrió en muchas partes del mundo- se asaltan recintos, se roban ánforas y cambian votos. Son muchos los delitos que se han cometido en elecciones en el mundo entero tan sólo por la vigencia de “reglas” dictadas por intereses creados sobre la “necesidad” de controlar o violar la votación, hacerla favorable sólo a determinados intereses o conveniencias.
Cuando la votación es víctima de atentados, se produce una violación a las leyes; cuando los resultados son manipulados o tergiversados o cuando sufren alteración las actas de escrutinio o cuando algunos interesados pretenden imponer los resultados logrados por su partido y que no coinciden con los señalados en las actas, se conculcan todas las libertades y derechos del ser humano porque está en juego su voto democrático.
Es importante comprender que el voto libre permite una acción libre de los tribunales electorales. El hecho de que el voto no sea sometido a procedimientos contrarios a la moral y las leyes, da lugar también a que los administradores de las elecciones sean totalmente neutrales y apartidistas, libres de compromisos políticos y muy ajenos a intereses y conveniencias contrarios a la democracia y todo da lugar a que la administración de las elecciones sea transparente y precisa en sus resoluciones.
Es importante entender que la vulneración al voto, sea directamente o mediante el ciudadano que vota, puede afectar a los demás por más que sumen millones y, cuando los organismos electorales dan paso a votaciones equivocadas o tergiversadas, lastiman a todo el proceso y dan lugar a su fácil alteración y son motivo de reclamos muy justificados; pero, en todo caso, son causa de posibles desconfianzas en los procesos electorales.
Cuando hay libertad, la democracia y la justicia están garantizados; cuando falta, todo está supeditado a quienes quieran usar la democracia como instrumento para sus ambiciones e intereses y éste extremo ha sido conformado especialmente por quienes han buscado manejar a la democracia por caminos equivocados, contrarios a la legalidad.
Preservar la democracia y las leyes a través de la limpieza de las elecciones debe ser uno de los objetivos máximos del Tribunal Supremo Electoral; de otro modo, no tendría razón de existir y no reinaría la libertad sino el libertinaje.
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