Experto recomienda políticas alternas para llegar a los pobres con agua y saneamiento

Para garantizar el cumplimiento del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento básico en Bolivia, hace falta políticas alternas y creativas que impliquen modificaciones a las normas, además de alianzas institucionales estratégicas y de gobernanza entre los niveles nacionales y regionales que lleguen a los estratos más pobres, afirmó al experto en Políticas Públicas, Franz Rojas Ortuste.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, en los últimos años los países de América Latina y El Caribe hicieron esfuerzos importantes por reducir la desigualdad e inequidad en cuanto al acceso a los servicios básicos, y lograr un mayor consenso para ser más eficaces en el combate de la pobreza, en el que uno de los elementos centrales e inequívocos es el acceso al agua potable y saneamiento, pero que aún las cifras reflejan situaciones intolerables que deben llamar a la reflexión a los Estados.

En América Latina el acceso al agua potable y saneamiento aún es una tarea pendiente, sobre todo en el área rural. De acuerdo al último reporte del Programa de Monitoreo Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la región tiene una población 597 millones de habitantes, 475 en zonas urbanas y el resto en rurales; es decir, el 79% en zonas urbanas y 21% en zonas rurales, y en comparación a los años 90 hubo un proceso de urbanización creciente.

Para Rojas Ortuste de estas 597 millones de personas 36 millones carecen aún de servicios de agua potable mejorado; es decir, toman de un río o una sequía, 108 millones de habitantes -cercana a la población de México- no cuentan con saneamiento mejorado, lo que significa que tienen una letrina en lugar de inodoro, o que de estos 108 millones de habitantes, 24 millones todavía tienen defecación al aire libre.

En un diagnóstico sobre el comportamiento de las inversiones públicas dijo que un problema generalizado en los países latinoamericanos fue la insuficiencia de inversión para el saneamiento básico, además de insuficiencia en la ejecución presupuestaria para estos temas.

Llamó la atención que en la mayoría de los países latinos, las normas establecen que la conexión a las redes externas de alcantarillado está subvencionada por el Estado, pero que las conexiones internas están a cargo de los propios usuarios, e incluso se establecen multas a quienes no se conectan a las redes principales.

Otra traba para no universalizar el derecho al agua potable y al saneamiento dijo Rojas, es el hecho de que los municipios no se hacen cargo de proveer servicios básicos a las zonas consideradas de asentamiento ilegal, pero que a la larga eso implica afectación a la propia institucionalidad.

A propuesta de Bolivia, el 28 de julio de 2010 a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable limpia y al saneamiento, como elementos esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

De acuerdo a datos oficiales al año 2011, Bolivia alcanzó una cobertura en agua potable del 78 por ciento, como parte de los compromisos asumidos para alcanzar hasta el 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para reducir la extrema pobreza hasta la mitad.