Tiroteo en una cárcel y la crisis judicial

La violenta refriega que numerosos delincuentes protagonizaron en un centro penitenciario de Cochabamba, con participación de autoridades judiciales y policiales, permite concluir de manera absoluta que la crisis del actual sistema de la justicia boliviana ha llegado al fondo y, además, no hay posibilidad alguna de que ese estado de cosas llegue a su fin o por lo menos se atenúe.

El suceso en ese centro carcelario -uno de los más importantes del país, después del de San Pedro y Chonchocoro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz- mostró que el estado de colapso en que se encuentra el aparato judicial ha llegado a un nivel de extraordinaria gravedad, aunque, es necesario subrayar con rojo, que este caso sólo es el efecto de causas internas, que es donde se origina lo que está ocurriendo en los medios encargados de controlar el orden social del país.

El hecho de que en esa prisión se hubiese registrado un tiroteo con el saldo de muertos y heridos, protagonizado por presidiarios extranjeros y nacionales, con presencia de autoridades policiales e inclusive una funcionaria de alto nivel del Órgano Judicial, permite descubrir que el problema es mayor de lo que se podía creer y desnuda una realidad que está más allá de la imaginación pública.

El suceso de trágicos relieves se produjo por una lucha por el poder interno en la prisión, el mismo que determinó la muerte de cuatro individuos -dos de ellos de alta peligrosidad- y 11 heridos, cuando se celebraba un supuesto festejo autorizado por el responsable del sitio, dizque para recaudar fondos para los hijos de los reclusos. Además de esos antecedentes, de por sí muy graves, la población del local disponía de armas, drogas, bebidas, etc., donde prácticamente se había establecido un Estado independiente.

Para completar ese dramático cuadro, las fuerzas del orden llegaron al lugar ocho horas después de la balacera y cuando intentaron ingresar al recinto para una requisa, fueron repelidos por la amenaza de un motín por parte de los internos, quienes sólo pudieron ser reducidos por agentes de máxima seguridad. Es más, se reveló que el director departamental del sistema penitenciario fue denunciado de ser parte del hecho de violencia, por lo cual debió ser apresado, no sin que antes los 540 privados de libertad denuncien que eran víctimas de actos de corrupción por parte de una pandilla de peligrosos elementos, algunos de ellos extranjeros, que trataban de imponer su propio “orden” para fines delictivos. Es por demás recordar que hace un año hubo un suceso parecido en Palmasola.

En general, la crisis penitenciaria que encara el país ha mostrado al desnudo que todo el aparato judicial del país (magistrados, jueces, fiscales, policías, funcionarios, etc.) atraviesa por una crisis terminal que, sin embargo, es únicamente el síntoma de que existe un mar de fondo que no se toca y que en vez de atenuar sus efectos, los sigue promoviendo, sin que se pueda pronosticar hasta qué punto llegará.