(Agencias).- La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó que el Gobierno decidió descartar cualquier medida que favorezca al sector de los comerciantes de ropa usada que protestan desde el lunes pasado en demanda de la abrogación del Decreto 28761 que prohíbe la importación y la venta de las prendas utilizadas.
“En el tema de los ropavejeros, hemos dicho que aprobar una medida a favor de este sector sería atentar contra la industria nacional y la producción nacional, no lo podemos hacer”, indicó la autoridad gubernamental según el periódico Digital Oxígeno.
El lunes pasado, los comerciantes de ropa usada se movilizaron en las calles del centro de la ciudad de La Paz en busca de una reunión con la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, y la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Marlene Ardaya. No lograron su objetivo.
Los comerciantes de ropa usada decidieron este lunes radicalizar sus medidas de presión con bloqueos y marchas de manera indefinida en todo el país ante la negativa del Gobierno a la demanda de abrogación del Decreto Supremo 28761 que prohíbe la importación y la venta de las prendas a medio uso.
En la víspera, Yhovana Rodríguez, representante del sector, anunció que la determinación fue asumida en un ampliado que sostuvieron los ropavejeros después de la masiva movilización por el centro de la ciudad de La Paz.
PECES
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Víctor Ramírez, señaló que los importadores de ropa a medio uso no son más de 30 personas en el país que se enriquecen a costa de los vendedores en las calles.
Este grupo de personas que internan ropa usada, incluso, llegaron a ser presidentes de clubes del fútbol profesional reconocidos en el país, según comentó el dirigente, que se abstuvo de mencionar nombres.
“Yo les digo que los grandes peces gordos del contrabando que no son más de 30 peces gordos de la ropa usada que inundan el país con la ropa usada y que se hacen millonarios y ellos venden”, manifestó según la Agencia de Noticias Fides (ANF).
Ramírez lamentó que siga el contrabando de prendería a medio uso por parte de “estos peces gordos” y pidió a la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), a las Fuerzas Armadas (FFAA), al Control Operativo Aduanero (COA) y a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) realizar los controles para evitar que ingrese al país esta mercadería que causa perjuicio económico al sector productivo.
Ramírez insistió en que los importadores de ropa usada deben ser procesados y privados de libertad en cárceles y planteó a los vendedores acogerse a un plan de reconversión que cuente con un presupuesto de Bs 80 millones para que produzcan ropa nacional o comercialicen productos nacionales o importados de forma legal.
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