¿Negligencia médica o negligencia estatal?

El fallecimiento de la señora madre de una autoridad legislativa en una de las cajas de salud visibilizó una vez más la dramática situación del sistema de salud de Bolivia. Atribuir el caso sólo a negligencia médica es la forma más fácil, injusta y parcial de explicar la tragedia que tuvo que pasar esta vez una asambleísta; lo que la llevó a promover frenéticamente una vez más la aprobación de una Ley específica para penalizar la negligencia médica. Para qué otra Ley, cuando existe la 3.131 que abarca ese aspecto; faltando que el ministerio conforme un tribunal arbitral con funciones para ese ámbito. Así mismo, los códigos penal y civil vigentes contemplan la negligencia médica y, finalmente, un proyecto de Ley de Salud que está en la Asamblea pendiente de aprobación, también incluye ese aspecto.

Con sólo aplicar las leyes vigentes todo estaría resuelto; pero todos sabemos que en las condiciones en las que se desenvuelve la justicia en Bolivia, los problemas de negligencia o mala práctica se resuelven sobornando jueces y fiscales por cualquiera de las partes, transando acuerdos económicos entre abogados o extorsionando a los médicos que prefieren “arreglar” para preservar su prestigio y futuro. Son estos operadores de justicia los que merecerían una ley específica contra la corrupción y negligencia de abogados, jueces y fiscales.

La negligencia médica es un acto personal sancionable, imperdonable, pero no siempre demostrable objetivamente, porque los desenlaces fatales suelen ser multifactoriales y no atribuibles sólo al médico; así lo pudo establecer la misma señora Tejada en su lamentable experiencia. En otra dimensión, el error médico es inherente a la práctica médica, como ocurre en cualquier profesión que tiene buenos y malos representantes; pero cuando la falla se origina en la negligencia o mala práctica consciente del médico se ingresa a la pura y simple delincuencia, que debe ser penalizada. Y ¿qué se debería hacer con los que estafan públicamente ofreciendo curas milagrosas o sanaciones en cultos religiosos, que no son cuestionados por nadie por las iatrogenias y daños que causan?

Si se demuestra que un desenlace trágico es por falta de ítems, equipamiento, insumos, medicamentos y de otros medios que el Gobierno debía proveer de acuerdo con la Constitución Política del Estado, ¿será que el primer mandatario debía ser encarcelado por negligencia estatal? Peor aún, ¿a quién se debe responsabilizar si las tragedias se originan en la deplorable estructura del sistema de salud, con instituciones frecuentemente desorganizadas, precarias, ineficientes y dirigidas por incapaces y corruptos designados a dedo sin considerar méritos ni capacidades, sólo por su servilismo, oportunismo o audacia y el aval de alguno de los que detentan el poder? ¿A quién sancionar cuando vemos bolivianas y bolivianos pidiendo limosna en los canales de televisión para no morirse porque no hay un Estado que les atienda?

Y, finalmente, ¿quiénes deben ser sancionados por incumplir la Constitución Política del Estado al no haber implementado el Seguro Universal de Salud gratuito, prefiriendo gastar millones de dólares en mega eventos ostentosos como el G77 con todas sus previas y sus post, adquisiciones millonarias no prioritarias y propaganda intoxicante ilimitada?

La medida sencilla para la negligencia sería hacer cumplir las leyes ya existentes, lo cual no es posible, como reconocieron el Presidente y el Vicepresidente del país; en cambio, el drama del sector salud en Bolivia no se resolverá ni con una ni con diez leyes punitivas y discriminatorias.

Eso sí, se resolverá cuando, como ocurre en otros países, se cuente con un Sistema Universal y gratuito en una red de servicios de salud científicamente estructurada, con centros de primer, segundo y tercer nivel bien equipados, con especialistas e insumos necesarios, y cuando la atención de la salud en todos los niveles sea dirigida por profesionales seleccionados, institucionalizados, capacitados y probos. Entonces la negligencia será tan insignificante que no habrá necesidad de crear leyes para la cacería de médicos ni de otros profesionales de la salud.

Ahora bien, si se tiene buena fe, lo que se necesita es construir participativamente una sola Ley de Salud que rija todas las actividades del sector, incluyendo la negligencia médica, incorporando otras leyes que atingen a la construcción de un sistema de salud con un Estado capaz de implementar el Seguro Universal de Salud gratuito mencionado en la CPE. El resto es politiquería electoral barata o ignorancia supina.

El autor es ex Decano de Medicina, Miembro Comisión Cumbre de Salud.