Moya pide que CEPB y Conamype inicien juicio de responsabilidades al Gobierno

“Ustedes tienen que iniciarle un proceso al Gobierno (de Evo Morales), por incumplimiento de deberes, porque no cumplió con el Decreto Supremo 28761. Los engañó”, afirmó el diputado Ever Moya, dirigiéndose a los empresarios privados y la Confederación Nacional de Micro y pequeña Empresa (Conamype) que en la jornada anterior pidieron al Ministerio Público, inicie proceso a los importadores y vendedores de ropa usa, por ser una actividad ilegal que ocasiona un daño a la industria nacional.

Moya, representante del sector de pedrería usada que ha protagonizado marchas y bloqueos a nivel nacional, en demanda de la abrogación de este decreto que prohíbe la importación y la venta de ropa usada, también anunció proceso legal en contra de autoridades de gobierno.

“Primero, yo le voy a dar un plazo de 48 horas, (para que demuestre sus denuncias) al viceministro (Alfredo) Rada, por acusar a este diputado, de ser un contrabandista, no lo voy a tolerar”, advirtió Moya, a tiempo de señalar que no permitiría que se le falte el respeto a un representante nacional, de un sector, que no solo está compuesto por vendedores de ropa usada, sino de comerciantes en general y si el viceministro de coordinación con los Movimientos Sociales no demuestra su acusación, le iniciaría un proceso penal, por difamación y calumnias.

Calificándolo de “discriminador”, Moya afirmó que Rada pretende coartar su derecho a plantear un proyecto de ley, que pretende pagar impuestos, mediante la modificación del artículo 85 de la Ley de General de Adunas, “existe una normativa que es el Decreto Supremo 28761, del 21 de junio del 2006, mi pregunta al Gobierno es si cumplió con este decreto (…) el Gobierno saca leyes que nunca se cumplen”, afirmó Moya.

El diputado también criticó el trabajo de la presidenta de la Aduna Nacional, Marlene Ardaya, afirmando que la ineficiencia de su trabajo permitió el ingreso de 150 mil vehículos indocumentados, “hoy por hoy la demanda de ropa usada se ha incrementado, desde la promulgación del decreto supremo, en 2006, en un 250 por ciento”, afirmó e invitó a las autoridades a recorrer estos mercados, para verificar esto.

A su turno la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó este martes que el Gobierno decidió descartar cualquier medida que favorezca al sector de los comerciantes de ropa usada, “en el tema de los ropavejeros, hemos dicho que aprobar una medida a favor de este sector sería atentar contra la industria nacional y la producción nacional, no lo podemos hacer”, indicó la autoridad.

En la jornada anterior, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez había declarado que la prendería usada es ilegal en el país y esta tiene que ser capturada por las autoridades, además que quienes se dediquen a esto deben ser arrestados y enjuiciados por la fiscalía. Hasta ayer se anunció el proceso a 25 ropavejeros.

DATOS

Según Moya:

De pagar impuesto Bolivia percibiría cerca de $us 1 millón.

Más de 300 mil personas dependen de la exportación y venta de ropa usada.

La demanda de ropa usada se incrementó en 250%.