Candente asunto de los jubilados

La batalla electoral del presente año no ha dejado de producir fenómenos de interés que han puesto de relieve una serie de problemas agudos sociales que estaban ocultos debajo la tranquila apariencia de la vida política del país. Entre ellos se pusieron en el orden del día de la cuestiones del país dos: el asunto de los jubilados y el caso de los autos “chutos”.

El caso de los jubilados tuvo una explosión inesperada, pues este movimiento social se manifestó con fuerza increíble, capaz de poner en jaque al Gobierno y obligarle a maniobrar en busca de solución, aunque para tener que hacer concesiones: o bien perder el apoyo del voto de los jubilados que suman alrededor de 138 mil, según su confederación nacional, sin contar a los maestros y rentistas que duplican en total esa cantidad o bien provocar un golpe inflacionario.

Pero, aparte de esos aspectos de fondo, también se han presentado otros poco menos que anecdóticos, como el problema entre los jubilados y el Ministro de Economía, que vale la pena rememorar para la historia de la historia económica del país.

El caso es que el Ministro de Economía fue acusado por los jubilados de no saber hacer una simple operación aritmética e indicaron que esa autoridad estaba equivocada a tiempo de realizar una operación en los cálculos presupuestarios.

En efecto, la acusación consistió en que para no pagar el aguinaldo, el Ministro hizo un cálculo aritmético equivocado, es decir que en vez de que la multiplicación de 3.000 por 137.000, dé la suma de 51 millones, obtuvo la cifra equivocada de 92 millones, lo cual hizo que los jubilados acusen a esa autoridad de “no usar las cifras en forma correcta” y que es lamentable que “el Gobierno no sea claro en sus cuentas ni en su discurso”.

El error de aritmética originó otras críticas y, entre ellas, que el Gobierno sí puede pagar el bono de tres mil bolivianos y que en realidad el Ministro cambió una situación de posible superávit a una solución de déficit, agregando la opinión de que existe “un entorno poco claro y poco verídico de parte del Gobierno”. Al respecto CEDLA comentó también que, en vista de sus falencias, el Estado “con una administración adecuada y una mejor administración de recursos, con seguridad los 51 millones de dólares estarían totalmente cubiertos”.

No obstante esas afirmaciones, el economista Armando Méndez considera que hay 140.000 jubilados y que en el Magisterio existen otros 180 mil y de tenerse que pagar a todos ellos el nuevo bono significaría grandes gastos “y cualquier gasto tiene un fuerte impacto fiscal” que obliga al Gobierno “a rechazar la demanda de los jubilados”. Además agregó que si bien existe un superávit, ese dinero no está en sus manos”, sino en las gobernaciones, municipios, etc.

En fin, la confrontación entre los jubilados y el Ministro Arce Catacora se encuentra en un callejón sin salida y por ellos la papa caliente ha sido pasada al Presidente de la República, quien a las cinco de la mañana del 10 de octubre próximo recibirá a dirigentes de los jubilados para hallar solución al candente problema.