En el marco del programa de reconversión productiva:
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó ayer que dirigentes de la ropa usada adeudan un 80% de un total de Bs 14 millones del fondo de reconversión, es decir Bs 11.2 millones, que fueron entregados en calidad de préstamo el 2007.
“Hay un fideicomiso que desde el 2007 está vigente de 80 millones de bolivianos, que se han gastado sólo 14 millones, pero se ha usado por parte de dirigentes de entonces que utilizaron muy mal ese crédito y no lo han pagado, estamos con un 80 por ciento de no pago se esos 14 millones de bolivianos”, señaló la funcionaria.
En junio de 2006, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 28761 que prohíbe la importación y comercialización de ropa usada y donde también plantea la reconversión productiva de los ropavejeros para que pasen de vendedores de prendas a medio uso a productores. La norma precisa también que se priorizará el acceso al crédito y la tecnología.
CLANES FAMILIARES
El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Víctor Ramírez, exigió recientemente a las autoridades encarcelar a los 25 principales importadores de ropa usada en el país.
“Los contrabandistas obviamente tienen que ir a la cárcel. Los reyes de la ropa usada no pasan de 25, los que se están haciendo la plata, esos son los peces gordos, por eso vamos a pedir al gobierno, la investigación a estas personas y la cárcel para ellas”, dijo Ramírez. Ese mismo criterio manifestó Virginia Ajuacho, productora de la ciudad de El Alto y miembro de Conamype.
Ramírez agregó que estas personas deben ser apresadas porque están induciendo a una actividad en el país, que está prohibida. Señaló que su sector logró identificar a algunas de ellas y ahora alistan una demanda formal ante el Ministerio Público.
PECES GORDOS
“Estos peces gordos viven en La Paz y El Alto, los hemos identificado, pero la Fiscalía tiene la tuición para investigar y deben dar con ellos. Pero ante estos últimos acontecimientos, nosotros haremos una denuncia formal para que realmente entren a la cárcel quienes incitan y están queriendo legalizar el delito”, aseveró.
EMPRESARIOS
El lunes pasado el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, pidió a la Fiscalía enjuiciar a los importadores y comercializadores de ropa usada por ser una actividad ilegal que ocasiona un daño a la industria nacional; en tanto los ropavejeros, en una marcha que paralizó el centro de la ciudad de La Paz demandaron al Gobierno abrogar el Decreto 28761 para permitirles la libre importación y venta.
“La prendería usada es ilegal en este país y esa prendería tiene que ser capturada por las autoridades, y los que tienen esa prendería deben ser arrestados, enjuiciados por la Fiscalía que es el órgano que está llamado a resguardar la legalidad del país”, manifestó entonces el máximo representante de los empresarios.
PRODUCTORES
En Cochabamba, la Confederación Nacional de Micros y Pequeños Empresarios (Conamype) advirtió esta semana con salir a las calles y trancas para decomisar la prendería a medio uso, si el Gobierno no da cumplimiento cabal al Decreto Supremo, señaló Salustiano Acapa, vicepresidente de esa entidad gremial.
“La Conamype Bolivia está en estado de emergencia por esta actitud del compañero (Diputado Ever) Moya que presente un anteproyecto de ley para su legalización (de la venta de ropa usada), nosotros no vamos a permitir eso, caso contrario pedimos se dé cumplimiento al decreto 28761, caso contrario, nosotros los 80 mil productores vamos a estar en las calles y en las trancas para decomisar la ropa usada”, declaró Acapa a radio Pío XII de Erbol.
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