Sin libertad no hay democracia ni justicia

Estamos a pocas semanas de las elecciones del 12 de octubre y corresponde que tanto el Gobierno como el Tribunal Supremo Electoral, los mismos candidatos y sus agrupaciones partidarias y el pueblo tomen en cuenta, una vez más, que sin libertad no hay democracia y menos puede haber justicia.

Es bien sabido que la libertad se sustenta en el derecho y el goce pleno de derechos que otorgan la Constitución y las leyes; es decir que, en plena conciencia de lo que es democracia y justicia, no puede haber restricciones de ninguna clase -salvo las que expresamente señalen las leyes-; lo contrario significaría, clara y terminantemente, que existimos y vivimos en dictadura.

El tema viene a colación por el hecho de que las elecciones de octubre no pueden ser en marcos donde las libertades estén restringidas, donde el derecho de la colectividad y en especial de los ciudadanos en condición de ser candidatos o de votar tiene limitaciones, condiciones, frenos, controles u obstrucciones de diferente laya, y el hecho de que las libertades político-partidistas estén limitadas o cercenadas, es algo que atenta contra la libertad de todos.

La existencia de perseguidos políticos, presos políticos, exiliados por cualesquiera razones que no sean las legales, es dato más que preciso para mostrarnos como un país en el que no hay libertad y, por lo tanto, no hay democracia y no existe justicia en toda la acepción de la palabra. Lo contrario sería que esos presos políticos o cívicos, que los perseguidos o los exiliados hayan sido sometidos a las leyes y sufran penas dictadas por la justicia. En el caso de bolivianos que padecen esas situaciones, hubo tan sólo enrostramientos, acusaciones o, peor, sólo expresiones de condena por lo que piensan diferente, sienten en forma distinta, valoran o desvalorizan lo que hagan las autoridades, critican a las mismas, propugnan o quieren o buscan otro tipo de procedimientos en la administración del Estado.

Todo ello implica un hecho: expresión de los derechos que tienen todos los ciudadanos del país y nadie, por poder que tenga, puede ignorar porque son parte fundamental de los derechos humanos, del derecho que tiene la colectividad nacional para vivir en libertad y exigir que todos, sin distinción alguna, gocen de sus beneficios.

Desde el anuncio de las próximas elecciones, se ha sostenido que “el país goza de absoluta libertad”; pero, los hechos muestran lo contrario porque así haya un solo perseguido político y uno sólo purgando culpas imaginarias en las cárceles o uno que esté en el exilio, representan a todo el conjunto de bolivianos que viven, quieren vivir en libertad y con las garantías que otorgan la Constitución Política del Estado y las leyes.

El Gobierno es el administrador del Estado y sus funciones están claramente definidas en la Constitución; por ello, no puede ni debe darse atribuciones que no le competen y que, en todo caso, deberían ser avaladas por los otros poderes del Estado incluyendo el Tribunal Constitucional, pero dentro de lo establecido por la Carta Magna que, se entiende, tiene vigencia en el país.

Cualquier razonamiento que se haga sobre el imperio de las libertades en Bolivia, especialmente en período electoral y para el mismo acto de las elecciones de octubre, tendrá que basarse en preguntas y sus respuestas: ¿Estamos en el goce de las libertades que consagran la Constitución y las leyes? ¿Podemos y debemos ignorar las limitaciones habidas para las libertades ciudadanas? ¿Podemos confiar en los resultados del proceso electoral sabiendo que hay libertades conculcadas injustamente? ¿Podemos decir, en conciencia, que los bolivianos en general aprueban lo que ocurre? ¿Hay el derecho de reclamar por quienes viven en condiciones de ser perseguidos, presos o exiliados o con arresto domiciliario?

Si no hay sentencias judiciales, no corresponde que la situación actual subsista y para que el proceso electoral hasta y después de las justas del 12 de octubre tenga valor constitucional, lo que corresponde es que el Gobierno, en honor mismo a que se trata de un régimen constitucional legítimo y legal, restablezca lo que pertenece a toda la comunidad nacional: las libertades plenas.

Seguramente, hay conciencia de todo esto en el mismo Gobierno como la hay en el pueblo; no dar paso a una libertad irrestricta, mediante una amnistía general -aunque amnistía significa “olvido de los delitos políticos” o también “gracia, indulto, perdón”-. Sin embargo, habría que preguntar nuevamente: ¿Qué delitos políticos se han condenado y qué juez dictó sentencia? ¿De qué delitos o faltas o pecados habrá que otorgar “gracia, indulto, perdón”?

En fin, el tema está planteado permanentemente en la comunidad nacional y son las autoridades las que deberán actuar conforme a lo que es democracia y justicia en libertad.