Punto aparte
A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales del 12 de octubre, la credibilidad en el órgano administrativo de las mismas sigue en cuestión. De su parte, poco o nada hace para demostrar que actúa de forma independiente e imparcial.
El mayor indicador adverso que tiene es su conformación. Sus integrantes fueron designados por el gobierno del MAS, directa o sinuosamente. Puede que alguno de sus componentes se empeñe en actuar al margen de consignas, pero a la postre se impone la mayoría oficialista.
La prueba más elocuente del comportamiento subordinado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido y sigue siendo la tolerancia en la abrumadora publicidad a favor de la ilegal reelección de Evo Morales y Álvaro García. Ésta no cesó un solo día y se extiende las 24 horas, en televisión y radio. En cuanto a la mural, es omnipresente y costosa.
En cambio, a las candidaturas opositoras se las controló con rigor policiaco. Como concesión, se les autorizó que únicamente en los últimos 30 días anteriores al acto electoral puedan hacerlo, con limitaciones. Ahora que se las ve y aprecia, son tan modestas en su exposición y calidad que causan lástima.
Este desequilibrio publicitario tiene mucho que ver con los resultados de las encuestas. El Gobierno hizo todo lo necesario para inaugurar este año obras y proyectos que impacten en la opinión de los votantes. Con esta experiencia, lo deseable sería que todos los años se realicen elecciones. Así las gestiones gubernamentales se mostrarían como activas y eficientes.
Sin embargo, cuando se echa una mirada a los ocho años de ejercicio del poder por el dúo Morales-García, ciertamente realizó obras que pueden reconocérsele como positivas. Empero, lo negativo se acumuló casi hasta formar un nuevo Illimani.
Crecieron permisivamente el narcotráfico, la corrupción, el derroche inescrupuloso de recursos fiscales, la incompetencia administrativa, el fracaso en la industrialización (siderurgia, litio y otros), el crecimiento injustificado de la deuda externa e interna, el malgasto de las reservas monetarias y los fiascos de las empresas estatales (YPFB, Comibol, Entel, Epsas y otras de reciente creación).
Volvamos al tema de fondo de estas líneas, que está referido al TSE. Una demanda sustancial que se le hizo es la auditoría del Padrón Electoral. No la practicó, al menos como debía hacerlo, con expertos en la materia y la estrecha participación de los partidos que intervienen en la consulta ciudadana del 12 de octubre.
Al parecer, se limitó a remitirles a dichas organizaciones políticas las listas de los votantes habilitados, pero sin consignar domicilios ni otros detalles que permitan confirmar que efectivamente se trata de personas existentes. Fácil es llenar listas de nombres sin ese respaldo. Induce a sospechar que puede darse una inflación de los mismos. ¿Fraude?
Aquello de preservar la privacidad de los electores tiene más un matiz de pretexto, que de argumento razonable. Pues, sucede que el Gobierno sí tiene acceso a esos detalles, hasta puede usarlos discrecionalmente. En cambio, los partidos carecen de intereses en este orden, a menos que se considere que son organizaciones que pueden cometer delitos con la información privada, lo que sería un insulto procaz.
Otro aspecto que no pasó desapercibido, para los medios de comunicación al menos, es que en la burocracia del TSE se han dado muestras de flagrante incompetencia, lo que puede ser una señal de que está constituida por personas que carecen de experiencia laboral en un organismo de tanta importancia. La prueba es que algunos cometieron errores tan gruesos que han tenido que ser despedidos, a pesar de todo.
En este orden, en cierta coincidencia con lo que se expone en este espacio, un diario local sostuvo que las fallas procedimentales de los actuarios y otros funcionarios “golpean la credibilidad del TSE”.
De su parte, el candidato opositor a una circunscripción electoral de La Paz, Fabián Yaksic, declaró al mismo órgano de prensa que “se equivocan en todo… y que ahora no hay quién maneje el TSE”. Concluyó: “podemos tener problemas por chambonadas o por fraude”.
Estos cuestionamientos al TSE se formulan a dos semanas de las elecciones. Cuando existen falencias en los procesos organizativos, sea en un acto público, como el electoral, al igual que en el privado, como en una empresa, las perspectivas de su funcionamiento tienden a traducirse en graves errores y e incluso delitos. ¿Fortuitos o deliberados?
En estas circunstancias, resulta preocupante cómo puedan establecerse las mesas de votaciones y su buen desempeño. La cuestión clave, en este caso, es que efectúen apropiadamente los cómputos de mesa y que, una vez concluidos, sean enviados por teléfonos a los tribunales provinciales y departamentales, seguidos en lo inmediato por las actas, en respaldo de lo informado por esa vía.
De la eficiencia con que funcionen estos procedimientos dependerá que el TSE, en La Paz, reciba simultáneamente los cómputos parciales respectivos, para que pueda retransmitirlos a los partidos que intervienen en la justa electoral. Aparte, emitir boletines informativos para su difusión pública.
En forma simultánea, el servicio de informática del TSE deberá realizar el cómputo nacional, con toda la precisión del caso. Con este accionar de eficiencia y rapidez, el país deberá conocer el resultado final de las elecciones hasta la medianoche del mismo día de la consulta, es decir el 12 de octubre.
Esto ocurrió en Colombia en sus recientes elecciones presidenciales, pese a tener más del triple de electores que Bolivia. En cuanto a equipamiento informático, los recursos disponibles en la actualidad son similares, en todas partes del mundo.
Por tanto, en uno u otro país tienen que funcionar de igual forma, salvo que sean mal operados o los resultados sean demorados, lo cual podría dar margen a sospechar que están siendo manipulados, lo que es posible que suceda cuando se trata de organismos electorales subordinados al oficialismo.
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