El presidente de la Sala Social Tercera del Tribunal de Justicia Departamental, Iván Campero, presentó ayer la propuesta de reformulación para mejorar la ejecución penal en los distintos juzgados de Bolivia, llamada “Políticas Instituciones hacia la Inclusión de los Grupos Vulnerables” con el propósito de alivianar la carga procesal y reducir la retardación de justicia.
Para el magistrado el pilar fundamental de esta propuesta es la inclusión social, donde “los jueces sean distribuidos por todas las provincias en cada rincón de Bolivia”.
Bridando más detalles, mencionó que esta propuesta servirá para que la justicia sea efectiva y rápida, donde “los habitantes de los lugares más lejanos no tengan que hacer un recorrido largo hasta cada ciudad de Bolivia”. Se tomó en cuenta la necesidad de la sociedad en relación a la justicia, por lo que se darán “más ítems para jueces”.
Magistrado destacó los temas de importancia para ser abordados en las audiencias como problemas de índole en el hogar (separación, guarda de niños y violencia intrafamiliar), niños huérfanos, penas menores y graves, por último las restricciones en recintos penitenciarios del país.
Según expuso, para casos de problemas familiares, se propone la “creación de centros multidisciplinarios, con la fiscalización del Ministerio Público”, aquellos que tienen una pena leve por primera vez serán sujetos a una “sanción moral social”, las penas graves serían tratadas con “más rigidez” y para prevenir hechos delictivos al interior de las cárceles que “exista más control, además restricciones de actividades festivas en favor de los reclusos”, manifestó.
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