Cuando la ciencia no entra con sangre

La primera semana del pasado septiembre un grupo de 83 universitarios luego de una instrucción militar denunció haber recibido una serie de abusos, vejámenes, agresiones por parte de instructores militares del cuartel de la Armada Boliviana acantonada en la localidad de Chua. La relación institucional es producto de un convenio demandado por las autoridades de la universidad Indígena Túpac Katari a dicha entidad castrense.

Dos días de golpes, vejámenes y agresiones en las instrucciones militares de día y noche, que no tenían relación con la formación académica de la carrera de Veterinaria y Agronomía, fueron denunciados a tiempo para evitar que ese convenio, permitido por las autoridades de rectorado y vicerrectorado de dicha universidad, quedara anulado, luego de dos semanas de peregrinar haciendo gestiones.

Tuvieron que llegar hasta la ciudad de La Paz cerca de 73 universitarios de ambos sexos, solicitando protección en las oficinas de Derechos Humanos departamental, luego de que la dirigencia de sus organizaciones campesinas, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), diera la espalda a sus propios hijos e hijas, negándoles apoyo porque la denuncia “ponía en riesgo el proceso de cambio del partido político de turno”, como se denunció en su momento por parte de representantes de DDHH.

Fueron cinco días de protesta de los universitarios resguardados en las oficinas de DDHH y hubo una conferencia de prensa realizada por el responsable de dicho convenio, rector Lucio Choquehuanca Yujra, quien confirmó el cronograma de actividades con los instructores militares del cuartel de Guaqui, donde debía aplicarse cinco días de instrucción militar, incluido el uso de armas, como si el país enfrentara algún proceso de guerra, sin quedar claro ¿quién era el enemigo? Así también se observó que dicho convenio no tenía relación con la adquisición de conocimientos científicos y especializados o se trataba de la lógica violenta de las épocas coloniales, donde se pensaba que la “letra entra con sangre”, aspecto que fue evitado por estas nuevas generaciones que demostraron que “la ciencia no entra con sangre”.

A casi un mes de dichos hechos, sólo se confirmó que las universidades indígenas qechuas y guaraníes rechazaron hacer convenios con instituciones castrenses y en el caso de la universidad Túpac Katari, si bien quedó anulado el convenio, el Ministerio de Educación no responde a ninguna de las observaciones y requerimientos efectuados por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, guardando un silencio cómplice porque existiría una relación familiar entre el canciller David Choquehuanca y el rector de esta universidad, como denunciaron los representantes de Derechos Humanos.

Por lo tanto, mientras no se transparente un proceso de investigación y sanción a los responsables por la falta de voluntad política, nada garantiza que las próximas generaciones no sean enviadas a instituciones castrenses para un proceso de formación militar que vulnere sus derechos humanos, con un convenio sin base académica, menos científica, pero que posiblemente tenga intención política e ideológica.

La autora de esta nota es

redactora de El Alto.